El 'desconcierto' vasco

La salida del PSE-PSOE de la coalición de Gobierno en el País Vasco y la cercanía de las elecciones municipales son los dos nuevos catalizadores en las ya animadas relaciones entre el Gobierno y las instituciones públicas vascas. A los tres frentes abiertos en estos momentos por conflicto de competencias entre Hacienda y las Diputaciones Forales vascas , se unirán los próximos meses los proyectos del triángulo nacionalista del nuevo Gobierno vasco para exprimir al máximo las competencias previstas en la ley del Concierto Económico.

"En Madrid no entienden que la Hacienda aquí es 'una hora menos en Canarias", asegura Juan Luis Laskurain, responsable de Hacienda de la diputación foral de Vizcaya y experto económico del Partido Nacionalista Vasco Esa hora menos es el resultado de la ley del Concierto Económico, un texto legal con todos los ingredientes propios de los equilibrios de la transición democrática, que vio la luz en mayo de 1981 con la firma de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. La emisión de pagarés forales y la negociación para su extinción, las normas de actualización de balances de Vizcaya, Guipuzcoa y Álava, y la disputa sobre la competencia fiscal frente a las presuntas irregularidades de Euroseguros (una compañía de seguros del grupo BBV) son el resultado de la lectura, o de la interpretación, de una ley que consagra la existencia, de una hacienda casi totalmente- independiente para cada uno de los tres territorios históricos de: la comunidad autónoma vasca.

Esta convicción de independencia ha permitido la puesta en marcha de tres normas de actualización de balances -que Hacienda ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y sobre las que pide la suspensión cautelar- que pueden reducir considerablemente la presión fiscal sobre las empresas con sede en los territorios forales frente a las radicadas en el resto de España.

Esta situación se produce -en opinión de Luis Atienza, que fue consejero de Economía en el Gobierno vasco hasta la salida del Partido Socialista de la coalición- porque "todo el debate fiscal está soslayado y reorientado como una mera cuestión de competencias". La principal crítica de Atienza, y de parte del partido socialista, es que "el Concierto se está utilizando como una cuña piara imponer las políticas fiscales más conservadoras".

Fernando Buesa, también militante del PSE-PSOE y diputado general de Álava, no comparte esta opinión. A su juicio, "ninguna de las diputaciones forales está de acuerdo, en el aspecto competencial, con el Ministerio de Economía y Hacienda". Buesa entiende que en el conflicto sobre la actualización de balances 1o que se pone en duda no es la conveniencia técnica de la medida sino su oportunidad política o económica".

Apoyo del PSE-PSOE

La competencia para actualizar balances está recogida -según esta interpretación, que aceptó el PSOE en Vizcaya, Guipuzcoa y Álava- en el artículo 7.5 del Concierto. "Las normas de actualización de balances fueron aprobadas en las tres diputaciones sin el rechazo de ningún partido, incluido el PSOE", asegura -desdeel PNV- Alberto Ansola, responsable de hacienda de la diputación alavesa.Los socialistas -puntualiza- sólo pusieron una objeción en Álava, la exclusión de las existencias, "y eso después de recibir las críticas del señor Borrell a través de los periódicos, que es como se dirige a nosotros".

La disparidad de criterio a la hora de leer el Concierto es aquí meridiana. Mientras Borrell asegura que las normas forales atentan contra la unidad de mercado, pues las empresas radicadas en el País Vasco tendrán que pagar menos que las restantes por el impuesto sobre sociedades tras la actualización, los responsables de hacienda de las diputaciones se preguntan por qué no se sigue el ejemplo vasco.

El responsable de hacienda de la diputación de Guipuzcoa, Carlos Echepare, de Eusko Alkartasuna, considera que "nadie puede poner en tela de juicio la necesidad de poner al día el valor de los activos del balance".

El Ministerio de Economía y Hacienda se ha ofrecido como voluntario para interpretar ese papel de nadie y asegura que España ha firmado con la Comunidad Europea una directiva (la cuarta) que establece la obligación de contabilizar el inmovilizado (y las existencias) según el valor de adquisición.

El nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado a finales del último año, también se apoya en el valor histórico para contabilizar el inmobilizad o. La crítica de los defensores de la actualización de balances (prácticamente todo el arco parlamentario a la derecha del PSOE, y este partido, en las tres votaciones del País Vasco) es que 1a valoración por el coste de adquisición lleva a que la inflación termine por descapitalizar las empresas y permite repartir beneficios ficticios".

Para evitar esta, hipotética descapitalización, el PNV propone "el ajuste anual del valor del activo por la inflación", según asegura Juan Luis Laskurain. El primer efecto de esta actuación es el aumento de los recursos propios (en los libros) de la empresa sin que ésta necesite ampliar capital o realizar inversiones reales. La alternativa que propone el Ministerio de Economía y Hacienda es la actualización de las tablas de amortización de los activos que más se deprecian. Con esta vía se permite tan sólo amortizar el capital más rápido y así recuperar antes el importe de esa inversión.

La disputa por el óptimo reparto del cashflow (los recursos generados por la empresa) entre unos beneficios gravados por el impuesto sobre sociedades y las amortizaciones tiene dos vías de solución: los tribunales o la mesa de negociaciones para la reforma fiscal.

Esta segunda solución es el primer efecto de la proposición de ley sobre actualización de balances que el PNV ha anunciado llevará al Congreso. La respuesta de Borrell es que todo puede negociarse, con condiciones, dentro de la reforma fiscal. Esas condiciones pasan por la suspensión, por dos meses, de las normas forales y la aceptación de que las existencias no podrán, en ningún caso, engrosar los activos a actualizar.

Suspensión voluntaria

La alternativa a esta suspensión voluntaria que propugna el responsable de la hacienda estatal es dejar que decidan los tribunales, al coste de ratificar la crítica del actual consejero de hacienda del Gobierno vasco, José Luis Lar'rea, a la Administración central. Larrea se queja de que "siempre que intentamos ejercitar las competencias que se derivan del Concierto Económico acabamos en los tribunales".Aunque Borrell asegura que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional en el contencioso presentado sobre las normas forales -como ya hizo sin éxito con los pagarés forales-, un eventual fracaso de la suspensión cautelar anularía cualquier vuelta atrás. O lo que es lo mismo, esta segunda posibilidad sólo es viable, en la práctica, si prospera la suspensión.