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Un socavón bajo la alfombra

Hormaechea deja 80.000 millones de deuda

Jaime Blanco miró bajo la alfombra y se encontró un agujero. El nuevo presidente de Cantabria ya imaginaba que su antecesor, Juan Hormaechea, había escarbado bajo la tarima de su despacho para dedicar tanto dinero a ingentes inversiones; pero luego fue descubriendo que cuanta más alfombra removía, más oquedad apreciaba. La cifra actual de las deudas suma 79.281 millones de pesetas. Algo menos del doble de su presupuesto de gastos para un año.

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La Asamblea de Cantabria ha conocido una deuda de sólo 46.000 millones, porque en los casos correspondientes tuvo a bien comunicárselo Juan Hormaechea, un independiente apoyado por el PP hasta que insultó a sus propios apoyadores. El resto de la deuda ha ido apareciendo de diversas maneras, según relatan los actuales gestores: por ejemplo, con el examen de la documentación que tiene la Diputación o con el aviso de los proveedores que se presentaban con sus recibos para reclamar cobros sin documentar. Muchos de estos gastos (6.400 millones) no tenían presupuesto aprobado para afrontarlos.

Gastos sin control

Lo más curioso de los empréstitos que han ido aflorando consiste en unas operaciones de leasing (alquiler con opción a compra) de más de 2.000 millones (con plazos de pago total comprendidos entre cinco y 15 años). Este sistema -una vez satisfechos determinados alquileres, se puede comprar más barato el objeto- resulta muy útil para empresas sin dinero en caja que desean no aumentar su deuda contable o que lo escogen para pagar menos impuestos. En el caso del Gobierno cántabro se puede añadir un motivo más específico: de esa manera, el gasto no se somete al control de la Asamblea.La Diputación regional adquirió así material para la clínica de Reinosa, para el hospital de Liencres, ambulancias, un helicóptero, un autobús y unas motobombas. La entidad financiera que intermedió en la mayor partida (1.390 millones a 15 años) fue el Banco Europeo de Finanzas, de reciente creación y sin un volumen de negocios relevante.

Este banco aparece también como el prestamista que permitió financiar la creación del parque natural de Cabárceno: 5.000 millones para rehabilitar una vieja mina de hierro, instalar un centenar de animales de 20 especies -hipopótamos, tigres, elefantes...- y construir unas carreteras que permitan la circulación en visita zoológica.

Tanto las operaciones de leasing como las del parque se han sustraído al control de la Asamblea regional. Para este segundo regate, el Gobierno realizó las operaciones a través de su empresa pública Cantúr, destinada a la promoción turística de la región. Con ello, una pequeña empresa se hacía garante de nada menos que 6.304 millones. ¿Cómo fue posible que el Banco Europeo de Finanzas (y el Santander y el Banesto, que colaboraron minoritariamente) asumiese ese riesgo? Por un extraño aval: la Diputación les entregó un documento mediante el que se comprometía a incluir en los presupuestos de cada año las partidas correspondientes para pagar el crédito. Los anteriores gobernantes dicen que eso no es un aval, sino "un compromiso voluntarista". Y los actuales gestores explican que tal compromiso era nulo de pleno derecho porque la Diputación no podía comprometer las decisiones futuras de la Asamblea, órgano que aprueba los presupuestos.

Roberto Bedoya, ex consejero de la Presidencia, ex miembro del PP y ahora promotor de Unión para el Progreso de Cantabria, el partido de Hormaechea, arguye que ése fue el riesgo que asumieron los bancos, y que ése es su problema. "Yo les he dicho a los del PSOE", recuerda Bedoya: "No os preocupéis por el banco. Para él era suficiente garantía. Era un compromiso voluntarista que fue aceptado por el banco". Es decir, que no hace falta pagar.

Ello implicaría el embargo de los bienes, lógicamente, y "una pérdida de prestigio general de la Diputación de Cantabria como institución", según explica el consejero y portavoz Víctor Gijón. Por tanto, el actual equipo de Gobierno está dispuesto a asumir también esta deuda de Hormaechea, si bien se ha examinado la posibilidad de vender el parque a una empresa privada.

En cuanto al Banco Europeo de Finanzas, Bedoya dice que no tiene importancia el lugar que ocupara en la clasificación de bancos, sino que las condiciones que ofrecía eran ventajosas. Y lo mismo de la operación de leasing: resultaba interesante comercialmente. No es ilegal.

Esas grandes operaciones han maniatado a la Diputación para los próximos años. Se pueden condenar políticamente, pero no están penadas por las leyes, gracias a los sinuosos caminos seguidos entre sus líneas. Las más pequeñas, en cambio centran la investigación de una comisión parlamentaria y tienen expectantes a los jueces de Cantabria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de enero de 1991