Catalana de Gas precintó 20.000 contadores en los últimos tres años

Catalana de Gas precintó 20.000 aparatos domésticos en Barcelona durante los tres años (1987-1990) en que se ejecutó la reconversión al gas natural. La principal anomalía detectada, según la compañía, era la falta de adaptación a las normas de seguridad. Durante la reconversión se inspeccionaron un total de 700.000 aparatos. La normativa vigente establece que las empresas suministradoras deben comunicar el resultado de sus inspecciones a la Generalitat, que debe velar por la correción de las anomalías. Tras los últimos accidentes, el Departamento de Industria ha ofrecido versiones contradictorias sobre el cumplimiento de esta competencia.

Catalana de Gas inspeccionó desde principios de 1987 hasta octubre de 1990 la totalidad de los aparatos domésticos de Barcelona alimentados por gas ciudad (manufacturado), para adaptarlos al consumo de gas natural, de una potencia calorífica 2,5 veces superior. Los técnicos acreditados por la compañía revisaron las instalaciones, cambiaron los inyectores de los quemadores y precintaron aquellos que no cumplían las normas de seguridad.

Según los datos de Catalana, el 3% de los aparatos tuvo que ser precintado (20.000 sobre un total de 700.000). En la mayoría de los casos, se trataba de modelos antiguos que no cumplían con las normas vigentes. Los hornos y los calentadores de agua, por ejemplo, deben llevar incorporado un mecanismo que bloquea la salida de gas si no hay llama en el quemador; no es obligatorio para las cocinas, aunque en enero de 1992 entrará en vigor en España una directiva de la Comunidad Europea (CE) que obligará a los fabricantes a incorporar este mecanismo.

En los restantes casos se trataba de aparatos en mal estado o que presentaban algún tipo de fuga. Según el portavoz de la compañía, el número de aparatos precintados es representa "un porcentaje muy bajo que no deber alarmar".

Corte en el suministro

El vigente reglamento sobre aparatos que utilizan el gas como combustible, un real decreto de 1988, establece que las compañías suministradoras deben notificar al órgano a la Administración -en Cataluña, el Departamento de Industria de la Generalitat- aquellos aparatos que no cumplen las normas de seguridad "pudiendo proceder al corte del suministro de gas si".El mismo reglamento señala que la Administración ha de notificar al usuario la necesidad de corregir, o en su caso, de renovar el aparato". En caso de incumplimiento por parte del usuario la Administración puede ordenar el corte del suministro.

El consejero de Industria, Antoni Subirá, reconoció el pasado día 29 de diciembre que la Generalitat recibe cada año información de las inspecciones que realiza Catalana. Sin embargo, Subirá añadió que su departamento no fiscaliza las inspecciones de Catalana de Gas.