Tacitismo armado

CARCASAS DE fabricación española fueron descubiertas entre los restos de las armas químicas utilizadas por el Ejército de Irak en los bombardeos de poblaciones iraníes y kurdas registrados hace cuatro o cinco años. Era la época en que Sadam Husein, enfrentado en devastadora guerra al régimen teocrático de Jomeini, era todavía considerado el aliado de Occidente, y excepto las reacciones de algunas organizaciones pacifistas y de derechos humanos, aquellasmatanzas cuyas imágenes ofrecieron las televisiones de todo el mundo apenas alteraron la buena conciencia de las naciones civilizadas.Que empresas españolas figuraban entre las suministradoras de armas -o elementos para fabricarlas- de los contendientes de la guerra irano-iraquí fue denunciado con pruebas desde al menos mediados de los ochenta. Ahora, un instituto especializado con sede en Estocolmo ha difundido el dato de que entre 1983 y 1987 empresas españolas suministraron al régimen de Sadam instrumentos de guerra por un importe de unos 11.500 millones de pesetas.

Tales datos contrastan con una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno según la cual la junta interministerial encargada de controlar las exportaciones de armamento sólo había autorizado en esos años la venta a Irak de los repuestos para una partida de helicópteros adquiridos por el régimen de Sadam en 1984. Similar respuesta obtuvo en 1987 el entonces diputado de la oposición Enrique Curiel cuando presentó pruebas de la venta de granadas, proyectiles para cañones y cargas propulsoras oficialmente consignados con destino a Siria y Libia, pero cuyo destino final era Irán.

El Gobierno español, como muchos otros, ha venido haciendo la vista gorda sobre ese tráfico. En un debate parlamentario celebrado en 1987, Felipe González admitió la posibilidad de que los destinos oficialmente consignados en las autorizaciones no fueran los finales, limitándose a afirmar que el Gobierno "hace lo posible para evitar que tal cosa se produzca". Sin embargo, las posibilidades de contrastar hasta qué punto ello es así son bastante limitadas: las actas de la comisión interministerial que tramita las autorizaciones han sido declaradas materia clasificada, esto es, secreta, por lo que investigar su contenido podría ser considerado delictivo. El argumento tradicional en favor de la exportación de armas es que sin ella no sería viable una industria bélica nacional, la existencia de la cual es a su vez condición para reducir la dependencia de nuestra defensa respecto a otros países. Esa dependencia, que era hace 10 años del 70%, ha ido reduciéndose paulatinamente a lo largo de la década, y ya en 1987 era sólo del 40%, habiéndose convertido España en el octavo suministrador mundial de material bélico.

Los efectos del descontrol de ese tráfico son hoy particularmente visibles en el aventurerismo de Sadam. Por otra parte, acuerdos como los de Washington y Viena sobre control de armamento en Europa indican que lo que hace una década parecía utópico es hoy posible. Se impone, entonces, un debate nacional sobre la cuestión. El tacitismo practicado por el Gobierno debería dar paso a una mayor transparencia. Si es inevitable mantener una industria nacional de defensa, debe decirse así y hacer partícipe al Parlamento de las decisiones que afecten a las no menos inevitables limitaciones a la exportación. Y si, por el contrario, la situación internacional permite pensar en una dinámica de desarme, habrá que plantear abiertamente -implicando en el debate a los sindicatos- las posibilidades de reconversión de una industria que actualmente da trabajo a cerca de 100.000 españoles.