La crisis marroquí
EN EL momento en que los tribunales de Fez, Tánger, Kenitra, Mequinez y Rabat siguen juzgando a las personas encarceladas tras la huelga general del 14 de diciembre -y de las manifestaciones y motines que la acompañaron-, el discurso del rey Hassan II aporta una explicación de lo ocurrido que difiere en cierto modo de anteriores versiones oficiales. No habla de "injere ncia extranjera" ni tampoco atribuye responsabilidad a las centrales sindicales que declararon la huelga general a despecho de la prohibición gubernamental. Según el rey, los culpables serían grupos de delincuentes, contrabandistas y drogadictos deseosos de vengarse de las medidas que la policía toma contra ellos. Lo lógico, después de esta versión del monarca, sería el cese de la represión y la reducción de las condenas dictadas de manera masiva contra cientos de personas por haber participado en la huelga. Como dato positivo cabe destacar la absolución por el tribunal de Fez de Mohamed Titna Alauí, dirigente de la Unión General de Trabajadores y del partido Istiqial. Pero aún se siguen pronunciando penas escandalosas -una de 10 años en Mequinez-, y no contra los delincuentes a los que se ha referido Hassan II.En términos más generales, el discurso del monarca alauí parece indicar que éste se ha dado cuenta de la gravedad de una situación económica deteriorada que está causando una disminución angustiosa del ya bajísimo nivel de vida de la gran mayoría de la población Si en los años setenta Marruecos tuvo cierto crecimiento, lo que despertó esperanzas de una vida mejor, en los años ochenta las cosas han empeorado hasta límites intolerables para muchos. La política del Gobierno ha hecho muy poco para reducir una desigualdad que alcanza extremos explosivos en las grandes ciudades. Al lado de una casta reducida inmensamente rica, ligada al poder y a los grandes negocios, se hacinan grandes masas humanas en bartiadas miserables. El 75% de la población marroquí tiene menos de 25 años: es una juventud condenada, casi en su totalidad, al paro y a la desesperación si no logra emigrar. Todo ello explica el surgimiento súbito de motines como los ocurridos en 1981, 1984 y el mes pasado. Son explosiones provocadas básicamente por la miseria, y el método usado tradicionalmente por el poder -reprimir para generar miedo- no parece el más adecuado ante un problema de ese tipo.
Esta vez el discurso de Hassan II pone el acento sobre una serie de promesas de mejoras sociales, desde elevación de salarios hasta medidas para mejorar las viviendas y los servicios asistenciales; a cambio de lo cual pide una "paz social" de cinco años que le permita resolver la crisis del país. En esta petición se trasluce quizá cierta debilidad en la que se halla hoy el rey ante la oposición parlamentaria y sindical, a la que ha tenido siempre fuertemente condicionada por las limitaciones de su peculiar régimen. Si el juego político se asemeja en la forma al de un sistema parlamentario, la realidad es que el poder real se sobrepone a todos los otros. Aceptar lo que el rey decide ha sido siempre una condición previa para poder estar en el juego político. Ahora parece dibujarse cierta puesta en cuestión de la palabra del rey, ayer indiscutible. Si ello permite avanzar hacia una democracia más auténtica y efectiva será beneficioso para el país y para la propia monarquía.
Un sistema en que la oposición está limitada en su capacidad de crítica falsea la mediación -tan importante- entre la sociedad y el poder político. Tiende a crear bolsas de descontento acumulado que luego explotan en motines. Con el agravante de un movimiento clandestino como el islamista, deseoso de fomentar la desesperación de los pobres, ofrecerles soluciones mesiánicas y fomentar la desestabilización política. Independientemente de las medidas económicas prometidas por Hassan II, es obvio que un punto esencial para avanzar hacia la salida de la crisis es dar mayor transparencia a la vida política, y sobre todo poner fin a las repetidas violaciones de los derechos humanos.
