La vergüenza

LA DEMOSTRACIÓN de que en Argentina la palabra justicia no ha perdido toda razón de ser la han dado los miles y miles de personas que se han manifestado, profundamente indignadas, contra el vergonzoso decreto del presidente Menem en virtud del cual han quedado en libertad los militares que tienen la máxima responsabilidad en la espantosa oleada de crímenes que asoló el país entre 1975 y 198.3. En la protesta contra ese perdón, ignominioso por lo que supone de violación de las normas más elementales del derecho, toman parte las fuerzas políticas de la oposición, un sector incluso del peronismo y las figuras más prestigiosas de la intelectualidad. La decisión del fiscal Julio Strassera de dimitir como representante de Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa una actitud de vergüenza compartida por los sectores más valiosos de la sociedad argentina.Hay que recordar que la llamada guerra sucia desbordó de manera brutal los ya de por sí crueles parámetros en los que se desenvuelve la represión de una dictadura militar contra sus enemigos. Fue el empleo de los métodos criminales más horribles, el robo, la tortura, el asesinato por grupos organizados por las propias Fuerzas Armadas con el pretexto de defender la seguridad del Estado. La justicia ha obtenido pruebas fehacientes de delitos espantosos, de los que son culpables, entre otros, los ex

generales que acaban de salir a la calle y que ahora festejan, con sus amigos y sus cómplices, su recuperada libertad. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el decreto sobre obediencia debida puso en libertad a los responsables de inferior grado militar, por entender que habían actuado cumpliendo órdenes. Ahora, Menem otorga el perdón a los máximos culpables, los que dieron las órdenes, los que organizaron y realizaron las torturas y los crímenes. Unas 30.000 personas han muerto en esa operación de asesinatos masivos. Esa cifra explica la sacudida de indignación que recorre a la sociedad argentina. En realidad, con criminales como Massera o Camps en libertad no es lógico que permanezca un solo delincuente común en las cárceles de Argentina.El presidente Menem, parco en explicaciones, se ha limitado ha decir que este indulto será, una ayuda para la pacificación del país. Si tal es realmente su propósito ha cometido un grave error político. Nada más salir de la cárcel, el ex general Videla, en una carta al jefe: del Ejército, lejos de manifestar el más mínimo remordimiento por sus crímenes, declara que fueron "actos de servicio" y, que "la sociedad argentina les debe un desagravio a las Fuerzas Armadas". Es más, el actual jefe del Ejército, general Martín Bonet, asumiendo que los, perdones, "valientemente concedidos por el presidente", son "una aspiración de las Fuerzas Armadas", ha apoyado la demanda de Videla de un "desagravio moral". Se anuncia, pues, una nueva campaña de los militares no ya por el indulto, sino para que el Estado haga suya la versión militar de la guerra sucia, o sea, la autolegitimación del crimen. No puede abrirse así un camino de reconciliación.

El indulto puede acarrear consecuencias políticas serias. Los golpes militares fueron la pesadilla de Argentina con Alfonsín, y hace pocas semanas Menem tuvo que hacer frente a un nuevo intento. Sus palabras de extrema severidad frente a los sublevados entran en una contradicción flagrante con la concesión del indulto a los Videla, Viola y compañía. Es obvio que ahora se van a sentir reforzados los sectores de las Fuerzas Armadas que se niegan a aceptar la supremacía del poder civil y las normas de la democracia. No en vano consideran el indulto como un signo de debilidad del poder civil ante la institución castrense. Todo ello puede agravar la inestabilidad, a menos que Menem acepte una mediatización del Ejército en la vida política, que ha sido la permanente aspiración de los militares argentinos. En esta coyuntura, la reacción ciudadana contra el indulto tiene un valor que desborda el plano político. Es un grito ético contra la vergüenza que, no debería apagarse.