Un año de silencios

En la mañana del día 21 de diciembre de 1989 -hoy hace un año-, Juantxu Rodríguez, de profesión fotógrafo de prensa, caía mortalmente herido como consecuencia de un certero dísparo que le atravesó la mejilla y que había salido de una tanqueta conducida por marines norteamericanos, ocupados en la invasión de Panamá. Una autopsia de urgencia estableció que su muerte se produjo por destrozos de los centros cerebrales. El suceso se produjo en las inmediaciones del hotel Marriot de la capital panameña, adonde Juantxu,, junto a la también periodista Maruja Torres, intentaba regresar para recoger unos carretes de fotos. El hotel estaba tomado por marines norteamericanos, que exigieron la identificación de los periodistas españoles.Poco después se aproximaron tanquetas estadounidenses haciendo fuego indiscriminado contra el hotel y, por tanto, contra el grupo de marines que lo controlaba. Juantxu se dirigió entonces hacia el Marriot, y desde una tanqueta que precedía a las fuerzas que se aproximaron se tiroteó sin contemplaciones a un grupo de corresponsales extranjeros. Malcolm Linton y Roberto Armocida, de la agencia Reuter, y Patrick Chauvel, de la revista Newsweek, vieron a Juantxu caer abatido por las balas mientras de forma frenética los marines se disparaban entre sí. La revista Time calificó los hechos de "trágico error".

De inmediato, el Gobierno español requirió a las autoridades estadounidenses la remisión de un informe completo. El presidente Bush telefoneó al presidente González manifestando sus condolencias, y la Embajada norteamericana en Madrid hizo llegar a los padres de Juantxu un rutinario telegrama de pésame prometiendo hacer todos los esfuerzos para aclarar las circunstancias del fallecimiento.

Sentimientos y esfuerzos

Los hechos posteriores se han encargado de demostrar que la Administración estadounidense ni sintió la muerte de Juantxu ni llevó a cabo el menor esfuerzo para aclarar el suceso, puesto que el informe remitido al Gobierno español resultó insatisfactorio e incompleto: no se habían practicado pruebas de balística, ni tan siquiera se había exarninado a los testigos presenciales, y lo que es más grave, se pretendía descargar toda la responsabilidad en el fotógrafo muerto, pretextando que se trataba de un riesgo profesional voluntariamente asumido y que posiblemente el teleobjetivo de su cámara pudo ser confundido con un arma.

De todo ello dio cuenta el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, quien señaló el pasado 14 de marzo ante la Comisión de Exteriores del Congreso que el Gobierno norteamericano, aun sin reconocer la autoría de los disparos, asumía su responsabilidad.

A los pocos días, el embajador Zappala hizo saber que el Gobierno de su país no Indemnizaría a la familia de Juantxu, lo que suponía el archivo de las actuaciones. La Administración estadounidense no había investigado el caso, no había establecido conclusiones convincentes y, por fin, rechazaba toda responsabilidad, evidenciando que las condolencias de Bush eran mera formalidad, y el interés de su embajada en aclarar los hechos, una falacia.

Tal proceder tuvo su reflejo en la resolución de 10 de agosto de 1990 dictada por el Servicio de Reclamaciones del Comando Sur rechazando -ahora formalmente- las exigencias de la familia. La formulación de una demanda judicial ante los tribunales de los Estados Unidos correría el grave riesgo de su desestimación, ya que la legislación de aquel país concede inmunidad para las acciones bélicas acaecidas fuera de sus fronteras, lo que obliga a descartar tal acción.

El Gobierno puede y debe formular una reclamación diplomática ante el Gobierno de EE UU en defensa de los intereses de la familia de Juantxu. Ambos países están vinculados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, textos en los que se proclama el derecho a la vida y a la tutela judicial.