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Editorial:

Juantxu

HOY HACE justamente un año que el fotógrafo español Juantxu Rodríguez, colaborador de EL PAÍS, caía abatido por las balas de los soldados norteamericanos que acababan de invadir Panamá. Doce meses después, este país centroamericano está más sometido que nunca a la política de Washington, la muerte de Juantxu Rodríguez no ha sido esclarecida y el entonces máximo dirigente de Panamá, antiguo protegido de EEUU, general Manuel Antonio Noriega, espera en una prisión de Miami el final de un ambiguo proceso por narcotráfico, reabierto por sus valedores de otros tiempos.De los objetivos asignados a la invasión -ninguno de ellos excusa suficiente para perpetrar el gravísimo atentado contra el derecho internacional que es la violación de la soberanía de un país- sólo se ha conseguido la detención del dictador panameño y antiguo colaborador de la CIA. La pretendida restauración de la democracia se ha revelado como un pretexto. Panamá se encuentra en manos de un Gobierno desprestigiado y que necesita para sobrevivir del apoyo permanente de las fuerzas de ocupación norteamericanas, como ha puesto de relieve la reciente intervención de los marines para sofocar un conato de sublevación del ex jefe de policía del presidente Endara.

En cuanto a la muerte del fotógrafo español, la actitud mantenida por las autoridades norteamericanas sólo puede calificarse de cínica. El Comando Sur, la fuerza militar invasora, se ha negado en redondo a cualquier investigación; el embajador norteamericano en Madrid, Josep Zappala, que ya dio muestras de su sabiduría diplomática y humana absteniéndose de cualquier muestra de condolencia por lo sucedido, ha seguido sin querer saber nada y sin contestar a ningún requerimiento. Mientras tanto, el Gobierno español, bajo el pretexto de que no se ha agotado la vía interna de la justicia norteamericana, se ha inhibido de plantear cualquier tipo de reclamación oficial ante EE UU.

Sin embargo, la vía de los tribunales, además de costosa y lenta, tiene una más que dudosa efectividad: las leyes norteamericanas amparan de cualquier acción penal o civil los actos cometidos por el Ejército en acciones bélicas fuera de sus fronteras. Una inmunidad que se confunde con la impunidad, como ha ocurrido con la injustificada muerte de Juantxu Rodríguez, que por las circunstancias en que se produjo -ausencia de soldados panameños y plena identificación de los periodistas ante las fuerzas invasoras- fue algo más que un trágico error, como la calificó la revista Time. Precisamente por ello, alguien debería responder de su comisión. No existe ley, ni nacional ni internacional, salvo la de la fuerza, que pueda amparar tamaña injusticia. Y algún tribunal deberá existir en este mundo que haga prevalecer, finalmente, el derecho sobre la arbitrariedad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de diciembre de 1990