Angeles custodios

EL MINISTERIO del Interior ha elaborado un anteproyecto de ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana que, en su espíritu y en su letra, renueva las pretensiones de un espacio de actuación policial lo más autónomo posible, inmune en parte al control judicial y regido por normas distintas de las generales que configuran el Estado de derecho.La nueva norma supondría la defunción formal de los restos todavía sobrevivientes de la ley franquista de Orden Público de 1959, lo cual tiene una valoración positiva en sus intenciones. Pero, de ser aprobada tal cual, el corpus de aquella legislación excepcional de la dictadura se mantendría casi incólume en plena democracia. Y de paso se echarían por la borda conquistas básicas en defensa de los derechos y libertades de las persona como la tutela judicial efectiva, el derecho de hábeas corpus frente a detenciones arbitrarias, la asistencia letrada en las diligencias policiales y la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que lo que se presenta bajo la rúbrica de protección ciudadana lleva rasgos contradictorios: auténtica espada de Damocles que proyecta una potencial amenaza sobre las zonas de libertad y de seguridad más esenciales del ciudadano.

Felizmente, la propuesta es sólo, de momento, un anteproyecto sobre el cual el Ministerio del Interior ya ha anunciado su disposición a hacer cambios importantes. En su trayectoria hasta el Boletín Oficial del Estado ha de pasar todavía por diversos controles, lo cual hace abrigar la esperanza de que se la cambie sustancialmente o de que alguien la considere inservible y la devuelva a los cajones de sus autores primeros. Porque no se ve la necesidad o la urgencia de tal norma. Existen suficientes leyes, generales y especia les que, aplicadas con el rigor y la rapidez de una justicia democrática, garantizan convenientemente la seguridad ciudadana; lo más significativo que aportaría la que se propone es ampliar las facultades de la policía y reforzar la potestad sancionadora de las administraciones hasta límites difícilmente compatibles con la Constitución. En estos momentos, el anteproyecto de tal norma espera el veredicto del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Esta institución tiene la responsabilidad de encender las primeras señales rojas en el camino de este anteproyecto y de recordar cuáles son los contornos legales y el ámbito de garantías que bajo ningún concepto deben ser violados.

También será muy importante conocer el juicio que el texto en cuestión merece al Ministerio de Justicia, hasta ahora silente. ¿No tiene este departamento nada que decir o presta su apoyo a una norma que podría legalizar la retención policial y que propugna la renuncia del detenido al derecho de asistencia letrada? ¿Qué opina sobre la potenciación del arbitrio de la autoridad gubernativa en el terreno de las faltas administrativas hasta el punto de atribuir a futuras reglamentaciones específicas la concreción de los tipos y la graduación de las sanciones? ¿O sobre el hecho de otorgar presunción de veracidad al informe de la policía en el procedimiento sancionador, dejando la carga de la prueba en contrario al ciudadano? Y ello sin olvidar que establece un nuevo concepto de inviolabilidad del domicilio, diferenciando espacios habitualmente destinados a la vida íntima de sus titulares de otros que no lo serían.

De un lado, se proponen medidas contra las que ya se ha pronunciado expresamente el Tribunal Constitucional y que merecieron el explícito rechazo del anterior titular de Justicia: es el caso de la retención policial, según la cual el ciudadano no tiene la consideración de detenido pero está obligado a permanecer en comisaría contra su voluntad. De otro, se generalizan al resto de los ciudadanos, e incluso se amplían, determinadas facultades policiales, como la del registro domiciliario, previstas para los supuestos terroristas, o la persecución de individuos sorprendidos en flagrante delito. De aprobarse este anteproyecto -cosa poco probable, dadas las declaraciones de los autores en el sentido de considerarlo "texto abierto"- se pondría en manos de la autoridad una serie de cheques en blanco que merecerían el recelo del ciudadano aun en el supuesto de que los policías fueran ángeles. La seguridad jurídica de los policías no se puede ampliar si, al hacerlo, se pone en riesgo la del resto de los ciudadanos.