El Supremo y el Ejecutivo tienen la última palabra en el caso

El Tribunal Supremo tramita actualmente los recursos presentados contra la sentencia dictada en Valencia sobre el denominado caso Tous. Casi todas las partes personadas en la causa han impugnado la resolución judicial y será el alto tribunal quien dicte la última palabra.La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a dos de los cinco ingenieros procesados por la rotura de la presa de Tous, ocurrida en octubre de 1982. La sentencia considera que hubo responsabilidad subsidiaria del Estado en la rotura de la presa porque los dos ingenieros condenados trabajaban para el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU).

La responsabilidad del Estado significa que deberá pagar indemnizaciones para resarcir a los damnificados de los daños que produjo la rotura de la presa. Sin embargo, las indemnizaciones no alcanzan a todos los perjudicados por aquella catástrofe, sino sólo a una parte. El motivo es que el fiscal, que representaba los intereses de todos los damnificados, no presentó acusación alguna contra los dos ingenieros condenados. El Ministerio Público sólo reclamó condena para otros dos procesados, que finalmente han sido absueltos.

De los más de 23.000 damnificados, unos 4.500 estaban representados en el juicio, además de por el fiscal, por abogados de distintas asociaciones. Estos letrados, constituidos en acusadores particulares, pidieron la condena de los cinco procesados. Por ello, esos 4.500 afectados sí cobrarán indemnizaciones, de acuerdo con la resolución judicial. El resto deberá esperar a que prospere el recurso del fiscal ante el Supremo, o bien confiar en una eventual indemnización que apruebe el Gobierno para evitar discriminaciones. Esta solución ya ha sido insinuada por miembros del Ejecutivo.

Imprudencia temeraria

Los dos ingenieros condenados son Juan Sancho-Tello y Román Guerrero. El primero era comisario de Aguas del Júcar el día de la catástrofe, el 20 de octubre de 1982. Según el tribunal, no avisó a la presa del peligro de lluvias que se avecinaba, a pesar de disponer de información meteorológica sobre el asunto.Por su parte, Román Guerrero era jefe del servicio de Presas y Regadíos del MOPU, y, según los magistrados, el responsable de que funcionaran los sistemas de emergencia, algo que no ocurrió.

El tribunal condena, a cada un o, a un año de prisión por un delito de imprudencia temeraria con el resultado de daños materiales y de ocho muertes (el fiscal hablaba de nueve fallecidos). El resto de procesados -Salvador Madrigal, Jesús González Marín y Florentino Santos- han sido absueltos.

La tramitación del proceso dura ya más de ocho años. El juicio se prolongó por espacio de casi un año y concluyó el pasado mes de febrero. La sentencia fue dictada el pasado mes de octubre.