La comarca valenciana de La Ribera secunda de forma masiva una huelga general contra la sentencia de Tous

La comarca valenciana de La Ribera, en la que viven unas 200.000 personas, secundó ayer de forma masiva la huelga general convocada en protesta por la sentencia de la Audiencia de Valencia en el caso Tous. Este fallo judicial reconoció la responsabilidad civil del Estado por los daños causados en las inundaciones de 1982, pero sólo admitió las reclamaciones de los afectados que ejercieron la acusación particular, unos 4.500 de los cerca de 23.000 damnificados. Los demás, según la sentencia, quedaron sin derecho a compensación económica. Representantes de las asociaciones de damnificados rechazaron la oferta del delegado del Gobierno en Valencia, Francisco Granados, de iniciar trámites para el pago de las indemnizaciones.

Los damnificados quieren cobrar antes de las elecciones municipales y autonómicas de] próximo mes de mayo. En cambio, los trámites propuestos por el delegado del Gobierno se prolongarían varios meses más."Si no hay acuerdo, la comarca irá a la guerra contra la Administración", afirmó un portavoz de los afectados al final de la concentración que varios miles de personas realizaron por la mañana ante la sede de la Delegación del Gobierno en la capital valenciana. "Queremos cobrar y que sea antes de las elecciones", anadió esta persona.

Francisco Granados y los portavoces de los afectados dialogaron durante varios minutos en presencia de periodistas, sin llegar a un acuerdo concreto. Los representantes de las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda y de las poblaciones de Sollana y Antella entregaron al delegado del Gobierno un documento en el que exigían una respuesta oficial sobre la "fecha inmediata de las indemnizaciones" a los afectados por la rotura de la presa de Tous.

Pasadas las 11 de la mañana, los manifestantes de la Ribera se concentraron en el paseo de la Alameda de Valencia, adonde habían acudido en autobuses fletados por las asociaciones de damnificados. Representantes políticos de todos los partidos a excepción del PSPV-PSOE, se sumaron a la manifestación, que finalizó con una concentración ante las puertas de la Delegación del Gobierno. Unas 3.000 personas, según el Cuerpo Nacional de Policía, y más de 10.000, según los organizadores, permanecieron concentrados mientras los portavoces de los afectados se reunían con Granados.

Minutos antes y a los gritos de avant, avant (adelante, adelante), las primeras filas de concentrados arremetieron contra los guardias civiles que vigilaban las dependencias de la Delegación del Gobierno y protagonizaron las únicas escenas de con fusión y nerviosismo de la movilización. Uno de los manifestan tes fue víctima, en este corto es pacio de tiempo, de un ataque cardíaco y tuvo que ser evacuado por una ambulancia después de que un agente le practicase un masaje cardíaco, que, según otro agente, pudo salvarle la vida.

El delegado del Gobierno, Francisco Granados, estuvo reunido con los portavoces de las asociaciones de afectados, quienes le transmitieron su exigencia de un pronunciamiento inmediato sobre la fecha del pago de las indemnizaciones. Este documento, dirigido "al Gobierno del Estado Español", subraya que la responsabilidad civil subsidiaria del Estado debe hacerse extensiva "a todos los afectados sin discriminación" y exige que la respuesta de la Administración sea "por escrito" y de forma clara y concisa, "en evitación de erróneas interpretaciones".

"Sin discriminaciones"

Granados precisó ante los portavoces y en presencia de periodistas que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ya se había pronunciado recientemente sobre la voluntad de no permitir "ninguna discriminación entre los aféctados". El delegado del Gobierno se comprometió a iniciar una vía de diálogo con la Administración y pidió a las asociaciones que, en el plazo de dos meses, presenten una lista de las reclamaciones económicas de los perjudicados no reconocidos en la sentencia, para estudiar su pago por el Estado.

Esta propuesta fue rechazada por los afectados, que inicialmente mostraron su disposición a aceptarla, al no conseguir que el delegado les garantizara el pago efectivo antes de las elecciones. "Si el Estado no tiene dinero, nosotros tampoco", gritaron grupos de los damnificados. Otros propusieron no pagar los tributos como presión.