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Una inmobiliaria pretende alquilar por 60 años el casino Gran Peña

Jorge A. Rodríguez

Una inmobiliaria vinculada a Luis García Cereceda, conocido por sus aproximaciones a varios partidos políticos, pretende alquilar por 60 años la mitad del casino de la Asociación Gran Peña, situado en el número 2 de la Gran Vía, para convertirlo en oficinas de lujo.El presidente de este aristocrático casino, Francisco Queipo de Llano y Acuña, conde de Toreno y grande de España, ha convocado a la junta de socios para que dé el visto bueno al contrato, que ya está redactado.

Sin embargo, algunos socios creen que esta operación "oculta una venta encubierta" y se niegan a que se alquilen 4.060 metros cuadrados por dos millones al mes y una inversión de 725 millones de pesetas para rehabilitar el casino, fundado en 1917 por el rey Alfonso XIII.

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El visto bueno de los socios, convocados para mañana, es el último trámite para poner en marcha la operación, ya que a las 20 páginas del contrato de arrendamiento sólo les faltan las firmas del conde de Toreno y de Rafael Polín Val, representante de Promociones y Conciertos Inmobiliarios, SA (Procisa), una de las compañías instrumentales del grupo inmobiliario Afisa-Lugarce, propiedad de la familia García Cereceda.

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El edificio del casino Gran Peña puede destinarse a albergar oficinas de lujo

Viene de la página 1El nombre de Luis García Cereceda saltó a los titulares de la prensa relacionado al de Gustavo Durán, quien supuestamente estuvo implicado en el presunto intento de soborno de Nicolás Piñeiro, diputado en la Asamblea de Madrid, para que votara a favor en la moción de censura presentada por el centro-derecha contra el presidente regional, Joaquín Leguina. Lugarce es la empresa propietaria del local que es la sede del Partido Regional Independiente Madrileño (PRIM), cuyo presidente es Piñeiro.

Polín Val ha confirmado la existencia "de contactos inmobiliarios" entre ambas partes, aunque prefirió no dar más información "por razones éticas y de discreción". La misma confirmación fue realizada, como portavoz del casino, por José Crespo Cuspinera, implicado en la intentona golpista del 27 de octubre de 1982, conocida como el 27-O, quien calificó la operación de "satisfactoria para ambas partes".

El contrato estipula la cesión a Procisa en régimen de arrendamiento de 4.060 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, dos de ellas ocupadas actualmente por departamentos del Ministerio de Educación. La cesión se realizaría por un periodo de 30 años, y Procisa tendría derecho a una primera renovación del contrato "con carácter obligatorio" para Gran Peña por 15 años y a una segunda prolongación por otros 15 años.

Procisa podría subarrendar dicha superficie "en los términos y condiciones que tenga por conveniente siempre y cuando se dediquen a oficinas de alto standing". Como contraprestación, Procisa se compromete a abonar 25 millones anuales (unos dos millones al mes) y a invertir 1.044 millones de pesetas en el edificio. De esta última cantidad, 725 millones se destinarían a rehabilitar todo el edificio y 121 millones a desalojar al Ministerio de Educación.

Procisa, en los 30 primeros años de vigencia del contrato, si la operación llega a fraguarse, pagaría 750 millones de pesetas a Gran Peña en concepto de alquiler. El desembolso total en ese periodo, sumados el alquiler y la inversión prevista, sería de unos 1.794 millones de pesetas.

Alquilar un metro cuadrado de oficina en la Gran Vía cuesta como`media, según estudios de empresas dedicadas a tales operaciones, unas 6.000 pesetas. Por ello, si Procisa sacara al mercado los 4.060 metros estipulados por dicho precio, en 30 años podría embolsarse más de 8.600 millones de pesetas.

Contrato leonino

Un representante de los socios del casino opuestos a la operación calificó el contrato de "leonino" por su complicación y aseguró que "esconde una venta encubierta del casino". De hecho, una vez concluido el periodo de arrendamiento y sus prórrogas, Procisa "tendrá derecho preferente de adquisición" tanto de la parte arrendada como del resto del edificio en el caso de que Gran Peña decidiera ponerlo en venta.

Uno de estos socios, que considera que debería informarse de la operación a la Fiscalía General del Estado, alega además que no existe proyecto de rehabilitación del edificio.

El casino, que alberga numerosas obras de arte, está construido con materiales muy lujosos, "por lo que el proyecto debe respetar la calidad y el esplendor" de la finca, según la citada fuente. El inmueble fue construido entre 1914 y 1916 por Eduardo Gambra Sanz y Antonio Zumárraga y fue inaugurado por el rey Alfonso XIII.

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Sobre la firma

Jorge A. Rodríguez
Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Debutó en el Diario Sur de Málaga, siguió en RNE, pasó a la agencia OTR Press (Grupo Z) y llegó a EL PAÍS. Ha cubierto íntegros casos como el 11-M, el final de ETA, Arny, el naufragio del 'Prestige', los disturbios del Ejido... y muchos crímenes (jorgear@elpais.es)

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