Del catastro al NIF

DE FORMA paralela al síndrome del catastro, los ciudadanos de este país se han enfrentado al del número de identificación fiscal (NIF). La impericia, ineficacia y falta de previsión de Hacienda han vuelto a ser las culpables de este desaguisado y de las enormes colas ante sus delegaciones en toda España. La parte más grave del asunto -el cobro de nóminas y pensiones por los cuenta correntistas a los que Hacienda no había proporcionado su NIF- ha quedado resuelta a medias con un aplazamiento de un mes.La implantación del NIF ha suscitado numerosas y serias reticencias, algunas de las cuales esperan la decisión judicial, como el recurso del Consejo General del Colegio de Economistas de Madrid ante el Tribunal Supremo. Este país no dispone todavía de la Ley Orgánica de Protección de Datos Informáticos que exige la Constitución, cuyo proyecto no ha sabido elaborar el Gobierno en ocho años, a la vez que impone por decreto normas que pueden afectar al ámbito de la vida privada y la intimidad personal.

Pero las cuestiones formales son en este caso tan preocupantes como las de fondo. ¿A santo de qué la Administración puede contemplar con indiferencia la formación de enormes colas y la angustia de miles de ciudadanos? ¿Es que este Gobierno no expuso enfáticamente que de lo que se trataba era de que España funcionase? El asunto de las colas no es una simple anécdota. Es un síntoma. Ejemplifica a la perfección que los1seños de laboratorio de los tecnócratas se proponen en total desconexión con quienes deberían ser sus beneficiarios, perfilándose más bien como sus víctimas. Propuestas que se llevan a cabo por aparatos administrativos que o son ineficaces o están mal dirigidos por sus responsables políticos. Resulta legítimo interrogarse sobre si los males anunciados se deben únicamente a un distanciamiento entre los gestores de Hacienda y el pálpito de la ciudadanía o si estamos ante un gravísimo deterioro en el estilo de gobierno de ese departamento.

Hay que recordar, frente a quienes se amparan en la menor excusa para abonar cualquier vía de fraude fiscal, que la exigencia de pagar impuestos no sólo es moralmente legítima, sino que constituye un imperativo legal. Desde este punto de vista, la trayectoria del actual Ministerio de Hacienda tiene en su haber una gran tenacidad y algunos importantes logros en la lucha por la transparencia tributaria, por la afloración de las grandes bolsas de fraude y, en consecuencia, por la modernización fiscal. Los episodios de los seguros de prima única, de las cesiones de créditos opacas, de las cuentas secretas y del fraude del IVA son ejemplos de esa loable tenacidad.

Pero es de temer que, de tanto perseguirlo, la obsesión del fraude se haya tornado enfermiza. Y así, la falta de medida, de sensibilidad y de precisión técnico-administrativa en asuntos como los del catastro y del NIF -mientras, por otro lado, la reforma del IRPF sestea- permiten intuir que en Hacienda ha empezado a extenderse la convicción de que todos los contribuyentes son delincuentes en potencia.

De esta manera, buena parte de la credibilidad y del apoyo social que consiguió la anterior luchia contra el fraude -pese a las lamentaciones de ultramontanos y corruptos- ha quedado anulada. Con la torpe y autoritaria manera de implantar el catastro y el NIF, Hacienda se ha tirado una piedra de gran tamaño sobre sí misma: ha logrado -esperemos que no totalmente- crear un estado de opinión en el que se mezcla y confunde la justa protesta de los ciudadanos cumplidores con la hipócrita utilización de cualquier fallo por parte de los defraudadores y sus corifeos.

Pues bien, si, como parece, esto es así, urge un drástico cambio de rumbo en la gestión de la Hacienda española. Pero no para diluir la lucha por la transparencia y la conciencia fiscal. Simplemente para que todos los ciudadanos paguen correctamente sus impuestos, con la ayuda, y no bajo la amenaza, de la Administración.