Giro autoritario

DOS HECHOS han marcado las últimas jornadas en la URSS: la aprobación en el Congreso de Diputados de Rusia, y por amplia mayoría (607 votos contra 369, y 40 abstenciones), de una ley que permite la propiedad privada de la tierra en dicha república. Y, por otra parte, las decisiones del Sóviet Supremo de la URSS que reorganizan el poder ejecutivo, centralizando y personalizando aún más las funciones de gobierno en Mijaíl Gorbachov.Aunque es probable que la nueva ley rusa sobre la tierra tarde aún en ser aplicada, su aprobación es un hecho político importante porque el propio Gorbachov, al igual que los conservadores, ha dado la batalla para impedir que fuese votada. Hay . que darse cuenta de que la propiedad colectiva ha sido, y es para muchos, un símbolo mítico de la revolución socialista. Sin embargo, la agricultura es uno de los terrenos en los que el fracaso del sistema colectivista ha sido más rotundo. Y no sólo en la URSS.

Es aleccionador el caso de China, en el que el retorno en 1977 a una agricultura familiar determinó, con relativa rapidez, una elevación sustancial de la producción. La actitud de Gorbachov sobre este punto muestra el grado de influencia que mantienen sobre él las viejas concepciones, y la presión que ejercen los sectores conservadores del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), deseosos de frenar las innovaciones de la perestroika.

El lastre político de los inmovilistas -y de los militares- se manifiesta asimismo en otros casos. Los nombramientos de Borís Pugo y del general Borís Grómov como ministro y viceministro del Interior, respectivamente, parecen enfocados hacia una eventual utilización de la fuerza, algo que Gorbachov ha rehuido hasta ahora en los frecuentes casos en que sus decretos como presidente de la URSS han sido ignorados por las autoridades de las repúblicas. Las peticiones de los custodios de la ortodoxia en los debates del Sóviet Supremo son disciplina y el orden, acusando al Gobierno de debilidad. El cambio en la cúpula del Ministerio del Interior es una concesión a ese sector. Y algo parecido cabe deducir de las medidas de reorganización del poder ejecutivo.

El rasgo común de estas reformas es que hacen de Gorbachov el jefe directo de todos los órganos ejecutivos: él nombrará el Gobierno, con un primer ministro para la gestión diaria, bajo su dirección. A la vez se crea un Consejo de Seguridad encargado de los problemas militares y de orden público, y una Inspección Estatal para controlar el cumplimiento de las leyes. Ayudado por un vicepresidente, Gorbachov dirigirá estos nuevos organismos. Si bien los nombres de los nuevos altos cargos -dato esencial para juzgar el sentido político de la reorganización- aún no son conocidos, se desprende del debate en el Sóviet Supremo una tendencia a reforzar el papel de los militares y de los órganos coactivos del Estado.

Sin embargo, el caos en la URSS no es un problema de orden público. Es un problema político muy complejo: ¿cómo deshacer un imperio con el mínimo de violencia? La URSS necesita, antes que nada, una clarificación de las relaciones entre el Gobierno central y las repúblicas. La actual disgregación afecta a todo, empezando por el abastecimiento. Por ello, la medida más importante de las adoptadas por el Sóviet Supremo es la concesión de poderes ejecutivos al Consejo Federal, en el que figuran los representantes de las repúblicas. Tal organismo debería fomentar el restablecimiento de una armonía imprescindible entre el Kremlin y las repúblicas. Hoy ocurre lo contrario, como lo demuestra el hecho de que, sobre un tema básico como es la propiedad de la tierra, Rusia opte por un camino propio. Lo prioritario es un compromiso -materializado en un nuevo tratado entre repúblicas- sobre el reparto de las competencias. Pero acentuar la tendencia al absolutismo no es el talante político más adecuado para lograr ese compromiso que Gorbachov ha propugnado reiteradamente.