El Gobierno alega el interés general para no suspender la campaña 'Póntelo, pónselo'
La Administración alegó ayer ante la Audiencia Nacional el interés general para que no se suspenda la campaña Póntelo, pónselo, en favor del uso del preservativo, mientras se tramita la demanda contra la misma presentada por Marta Silvela y la asociación Acción Familiar.
En el recurso contencioso-administrativo, admitido a trámite por la correspondiente sala de la Audiencia Nacional, ambos demandantes solicitaron la suspensión de la campaña y para ello invocaron el precepto de la ley 62/1978 sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, según el cual tal medida se acordará salvo que la Administración justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general dimanante de la suspensión" (veáse EL PAÍS del 21 de noviembre último).La Administración -que ha recurrido también la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite la demanda- presentó ayer las alegaciones encaminadas a demostrar el perjuicio general que se derivaría de la suspensión de la campaña. El escrito de alegaciones, elaborado por el abogado del Estado Francisco Ruiz Risueño, recuerda el mandato constitucional contenido en el artículo 43 de la Carta Magna, que establece que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". La Administración enmarca la campana Póntelo, pónselo en esa obligación de prevención de la salud.
"Los castos ojos y oídos"
El abogado del Estado razona que la campaña es además oportuna, dada la situación de los enfermos de hapatitis B y de sida, cuya salud e incluso vida podría ponerse en riesgo si se suspende la campaña, sobre todo en lo que se refiere a los núcleos rurales o con difícil acceso a la educación sexual y sanitaria. Recuerda que bastaría que un solo afectado. por sida lo transmitiera a causa de la carencia de información producida por la suspensión de la campana, para que se perjudicara el interés general, a cambio de que "los castos ojos y oídos de los hijos de los demandantes", argumenta el abogado del Estado, "no sean perturbados con la gravedad de un problema que nos circunda".La Administración advierte a la Audiencia Nacional que, al margen del desgaste que supondría la suspensión de la campaña para las instituciones que la han promovido, podría conducir a algunos a la convicción de que el uso del preservativo es inadecuado o perverso y, como consecuencia de ello, a producir perjuicios irreparables. El escrito del abogado del Estado reprocha que los demandantes se rasguen las vestiduras ante el ejercicio por los poderes públicos de su obligación de preservar la salud y la vida de los ciudadanos.
Por su parte, la organización Nuevas Generaciones, del Partido Popular, anunció ayer que no apoya la campaña ¿Sin preservativos?, No jodas, porque "no se les ha permitido participar y por considerarla carente de información, vulgar y chabacana".
