Avanza la legislación para la igualdad de la mujeres

La legislación española con respecto a la mujer se encuentra en algunos puntos -como el descanso maternal por embarazo- por delante de las normas de la Comunidad Europea (CE), según Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer, que inaugura hoy unas jornadas en las que se rinden cuentas del cumplimiento del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. Al concluir los tres años de plazo para su realización, la responsable de la política con respecto a las mujeres afirma que se ha conseguido "la igualdad legal, pero queda aún pendiente la igualdad real".

Actualmente la Comunidad Europea está discutiendo la aprobación de una directiva que fija en 14 semanas la baja laboral para facilitar la crianza de un hijo. Esta medida -que se enfrenta a la resistencia de varios países se encuentra claramente superada por la ley aprobada en España en marzo de 1989. Esta sitúa el descanso maternal en 16 semanas, contempla la posibilidad de que esa baja laboral la tome el padre y garantiza la reserva del puesto de trabajo en caso de excedencia. Ésta es una de las 114 medidas cumplido de las 122 incluidas en el Plan para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer, según el balance de la responsable del instituto .Junto a ella se sitúa la Ley orgánica de actualización del Código Penal, aprobada en junio de 1989, que incluyó la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual, la penalización del impago de pensiones alimenticias dictadas en casos de separación o divorcio y la modificación de los mecanismos sancionadores en casos de malos tratos entre cónyuges. Un total de 17.738 mujeres pesentaron denuncias contra sus maridos por malos tratos en 1989.

Entre los débitos, Martínez Ten señala dos medidas que afectan también al Código Penal -la reforma del delito de estupro y el aumento de las penas por la inducción a la prostitución- y la reforma del Código Civil para que se pueda alterar el orden de los apellidos si la mujer desea poner a sus hijos, en primer lugar, su apellido.

Reivindicación histórica

Está también pendiente la nueva regulación del "aborto, una reivindicación histórica, que se abordará en el nuevo Código Penal", dice Martinez Ten. A estas medidas se añaden un par de iniciativas sobre las que se está trabajando a toda máquina para llegar al 31 de diciembre con el máximo del plan cumplido. En este "acelerón de última hora", dice Martínez Ten, se enmarca la denuncia de la "Carta Social Europea por prohibir el trabajo de las mujeres en las minas" -aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, pero pendiente aún de su paso por el Congreso- y el convenio que se está negociando con TVE para mejorar la imagen de la mujer.Con todo, Martínez Ten señala como uno de los puntos más relevantes de esa iniciativa gubernamental -nacida con el objetivo de mejorar la situación social de la mujer en seis áreas concretas (igualdad en el ordenamierito jurídico, familiar y protección social, educación y cultura, erripleo y relaciones laborales, salud, cooperación internacional y asociacionismo)- la creación de un substrato que facilitará el desarrollo del segundo plan. "Por primera vez ha habido una política coordinada entre los distintos ministerios. Esto ha facilitado la apertura de canales de participación y consolidado mecanismos institucionales", dice.

Esta labor ha sido especialmente fructífera en Trabajo y Educación. El terreno laboral es una de las parcelas en las que quizá, se refleje más claramente el camino que queda por recorrer para conseguir la igualdad de hecho y no solo de derecho. La tasa de desempleo femenino ha bajado cuatro puntos -del 28% al 24%- desde 1987, pero las profesiones se encuentran aún segregadas por sexos, ocupando las mujeres categorías laborales con escasa cualificación, baja remuneración y poco prestigio social.

Frente a ello, Martínez Ten señala que en este terreno también la legislación española es más avanzada que la CE. "En caso dte denuncia por discriminación en función del sexo no es la trabajadora que presenta la denuncia la que ha de aportar las pruebas, sino el empresario el que debe demostrar que no está discriminando", explica.