Guerra afirma que el Gobierno considerará "de igual manera" a todos los afectados de Tous

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aseguró ayer que el Gobierno considerará "de igual manera" a todos los afectados por la rotura de la presa de Tous en 1982, sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, ante el que está recurrida la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia.

Guerra consideró discriminatorio el fallo de la Audiencia valenciana, que consideró al Estado responsable civil subsidiario por el siniestro de Tous, lo que motivó el recurso del abogado del Estado. El vicepresidente agregó: "El asunto está en el Tribunal Supremo, pero quiero decir, para tranquilizar a los afectados, que, sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, el Gobierno considerará a todos los afectados de igual manera. Más allá de lo que pueda ocurrir al final, el tratamiento será igualitario, tanto si el fallo es absolutorio o no", según informa Europa Press.Guerra, quien hizo estas declaraciones durante la inauguración en Madrid de un nuevo tramo de la M-40, indicó que el carácter discriminatorio de la sentencia surge al considerar que "las indemnizaciones se deben pagar sólo a una parte de los damnificados". El vicepresidente del Ejecutivo calificó de "lógica" la protesta de los afectados que, según la sentencia, no recibirán esas indemnizaciones.

El fallo de la Audiencia Provincial dejó sin derecho a una indemnización a unos 19.000 afectados por la rotura de la presa, que causó daños valorados en unos 40.000 millones de pesetas.

Según esta sentencia, sólo cobrarán del Estado unos 4.500 damnificados, aquellos que decidieron ejercer la acusación particular a través de asociaciones y no se conformaron con la acusación planteada por el ministerio fiscal. Muchos ayuntamientos con mayoría socialista de la comarca de La Ribera, una de las más afectadas por el siniestro aconsejaron a los vecinos, al comienzo de la vista oral del caso Tous, que no se uniesen a las asociaciones de damnificados porque el fiscal ya defendía sus intereses, según informa Ana Chapa. Ahora, ocho años después de las inundaciones, los 19.000 afectados que no cobrarán indemnizaciones se sienten estafados.