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Descubierta en Baleares una nueva red de falsificadores de facturas

El abogado Vicente María Campaner Anglada ingresó ayer por la tarde en la prisión de Palma como presunto organizador de una red de empresas instrumentales ficticias creada para defraudar al Estado y utilizadas por varias entidades comerciales insulares para defraudar el IVA. Otras siete personas han sido detenidas en relación con esta nueva organización de falsificadores de facturas.

Cuatro empresarios mallorquines han prestado declaración ante el juez Miguel Florit. Estos empresarios habrían adquirido facturas falsas por valor de más de 30 millones de pesetas. Se trata de los hermanos Damián y Gabriel Valens, administradores de la empresa de distribución de mobiliario Ofitec Internacional, SA, y de Miguel Serra Riutord y Antonio Socías Payeras, responsables de una empresa de construcción de Sa Pobla.Los dos primeros siguen detenidos, mientras que los constructores pagaron una fianza de 1,5 millones de pesetas cada uno antes de ser puestos en libertad provisional. La policía valoró en más de 300 millones el presunto fraude que operaba a través de la red creada por el abogado Campaner Anglada. Éste tiene antecedentes policiales por otro presunto fraude descubierto el año pasado y fue sancionado por el Colegio de Abogados.

Además de estas cinco personas la policía detuvo a otras tres. Uno de ellos, Juan Amador Fernández, de 52 años, analfabeto, aparecía como el administrador de alrededor de la mitad de las sociedades instrumentales creadas por Campaner. Enrique A. Z. y Gaspar M. S. están en prisión también en su condición de testaferros. De acuerdo con la versión oficial, a lo largo del último año se ha investigado la contabilidad de 10 empresas presuntamente compradoras de facturas falsas, en Baleares y Barcelona, se han controlado 140 cuentas corrientes y, tan sólo en el despacho del abogado, se han encontrado facturas falsas por valor de 150 millones de pesetas.

La intervención de la Inspección de Trabajo ha permitido cuantificar la deuda con la Seguridad Social de esta red de empresas ficticias en 90 millones. 85 personas percibieron fraudulentamente el subsidio de desempleo y 25 ciudadanos fueron amparados por el Fondo de Garantía Salarial de manera improcedente.

Un empresario de Gijón, Emilio Ruiz Cuevas, gerente de la empresa Cefametal, permanece detenido desde el pasado martes por su presunta implicación en la compra de facturas falsas, emitidas por la red que fue descubierta en esta ciudad, informa Javier Cuartas. Ruiz Cuevas es la primera persona detenida por la compra y no por la emisión de los documentos falsos. El miércoles prestó declaración ante la policía y hoy está previsto que pase a disposición del juez Ignacio Rafóls. Con ésta son ya nueve las personas detenidas en relación a este caso de fraude fiscal, aunque sólo cinco están en prisión.

Fuentes de la investigación señalan que el número de empresas presuntamente involucradas en la adquisición de facturas falsas a la red asturiana (que simulaban operaciones mercantiles inexistentes o por un monto superior al real) sobrepasa las primeras estimaciones, que hablaban de medio centenar de compañías.

Otro empresario gijonés denunció ayer ante el juzgado la desaparición de su asesor fiscal desde el mismo día en que trascendió el descubrimiento de la red de falsificación.

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