Pugna sorda entre Aylwin y los militares chilenos

Los ascensos y retiros en el alto mando de las Fuerzas Armadas de Chile se han convertido en escenario de una pugna con sordina entre la institución militar y el Gobierno. Para el Ejército -cuyo jefe, Augusto Pinochet, encara una investigación de la Cámara baja por los cheques que la institución libró a favor de su hijo- es un momento difícil: las acusaciones sobre la empresa financiera clandestina conocida como la cutufa, que funcionó en el seno del Ejército, han tenido un efecto comparable al de un seísmo.

El presidente chileno Patricio Aylwin objetó los ascensos de los generales Carlos Parera y Ramón Castro. Parera fue jefe del Área Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, ex policía secreta de Pinochet) y presidió el desfile militar del 19 de septiembre, en el que el presidente fue abucheado por parientes de uniformados. Castro actuó en nombre de Pinochet en una controvertida compra de terrenos en El Melocotón, objetada por la oposición. En una entrevista en televisión, Aylwin expresó su confianza en que se cumpla la decisión del Ejecutivo. Según Aylwin, no hay rebeldía generalizada en el Ejército para ajustarse a las normas democráticas, sino más bien "que a quien ha estado acostumbrado durante 17 años a mandar como amo absoluto en el país, le cuesta acomodarse a la función que él escogió, de comandante en jefe del ejército, subordinado a la autoridad del presidente de la República y del ministro de Defensa".El escándalo de la cutufa ha dejado como saldo un ex capitán detenido y otro fugado a España, cuatro generales pasados a retiro, otros 16 oficiales marginados de la institución, un curso en la academia de guerra sancionado y entre 400 y 1.000 miembros del Ejército que perdieron todos sus ahorros.

Negocio clandestino

La financiera clandestina, una sociedad prestamista manejada por ex agentes de la CNI, daba a sus ahorrantes un interés que casi duplicaba al bancario, ha sido vinculada con tráfico de drogas y armas, y se estima que reunió unos 50 millones de dólares. La sociedad chilena se interroga estos días sobre la corrupción en las filas uniformadas. Estos hechos son propios de regímenes en los que hay sectores que se sienten intocables, sostuvo Aylwin.El mandatario planteó en la televisión la necesidad de una investigación a fondo de la cutufa. Aunque Pinochet afirmó que no hay culpables, el Ejército, después de una investigación, inició un sumario para determinar si hubo uso de fondos fiscales en la financiera.

El empresario Aurelio Sichel, un eslabón de la financiera fue asesinado en 1989, después de amenazar con denunciar la cutufa, para recuperar unos 800.000 dólares que depositó. Él se conectaba a la plana mayor del negocio, que integraba "solamente gente del ejército", sostuvo su viuda Isabel Pizarro. El general Gustavo Abarzua, director de Inteligencia del Ejército (DINE), era jefe de la financiera y junto con el jefe del Estado Mayor y ex jefe de la CNI, Hugo Salas, y el general Óscar Vargas, actualmente en retiro, dirigían la cutufa, según la viuda. El capitán Gastón Ramos, que está detenido en un cuartel, y el capitán retirado Patricio Castro, ex miembro de la CNI, que huyó a España, captaban depósitos.

Abarzua y Salas, junto con los generales Patricio Gualda (inspector general del ejército) y Patricio Varela (jefe de la Sexta División), estos dos últimos depositantes en la cutufa, pasaron a retiro. Salas desmintió estar involucrado.

Poco después de la muerte de Sichel, ejecutado de cinco balazos, la CNI allanó la casa del empresario, por orden de Abarzua. Los agentes retiraron fotos en que aparecían Sichel, Castro y Pinochet y un arma con una placa firmada por Pinochet, según la viuda Pizarro, sacaron además los cheques de Castro, que Sichel tenía en garantía por sus depósitos en la cutufa. Al salir a la luz la financiera, el negocio se desmoronó por la imposibilidad de devolver los depósitos. La muerte de la juez que investigaba el caso, Mónica Tagle, quemada en su coche en un aparente suicidio, despertó suspicacias.