Borrel advierte con limitar por ley la deuda de las autonomías y los ayuntamientos

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, intentó ayer, por segunda vez este año, lograr un acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos para que limiten su endeudamiento y conseguir así que colaboren a las restricciones presupuestarias. En caso de que este acuerdo no sea posible antes de final de año, el Gobierno impulsará la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) con este mismo fin, lo que "no sería dramático", según el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell.

Durante la reunión del grupo de trabajo preparatorio para el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará antes de que acabe este año, Borrell lanzó a comunidades y ayuntamientos un nuevo ultimátum; o se consigue un acuerdo político para que las administraciones territoriales moderen su endeudamiento, o el Gobierno lo conseguirá modificando la LOFCA.Esta es la segunda vez durante el actual curso político que Hacienda pide a comunidades y ayuntamientos que colaboren al ajuste presupuestario. El temorde Hacienda es que, ante una menor aportación del Estado a los entes territoriales, éstos acudan en mayor medida al mercado para financiar su gasto.

El conflicto que se les plantea a comunidades y ayuntamientos es cómo cubrir la brecha entre su presupuesto de gastos y la aportación del Estado. Así, para las comunidades autónomas el incremento de gasto previsto para 1991 sobre el presupuesto de 1990 es del 14,7%, mientras que la aportación del Estado crecerá en un 7,9% de media. Los ayuntamientos, por su parte, tienen previsto gastar un 16,4% más que el año anterior, mientras que los recursos que provienen del Estado crecerán un 10,8%.

El problema del endeudamiento se arrastra de años anteriores. El pasado año, según datos'de la Intervención del Estado, el endeudamiento del Estado se incrementó en un l0'15%, mientras que el de los entes territoriales creció un 60%.

Aunque, por ahora, las cifras "no son alarmantes", según Borrell, para 1991 la amenaza se plantea en dos frentes. Por una parte, el año próximo se celebran elecciones municipales y autonómicas lo que puede provocar una mayor alegría en el gasto; por otra parte, el Estado recorta sus transferencias como consecuencia de un ritmo más moderado en el crecimiento de los gastos y los ingresos centrales. El telón de fondo es que los recursos que manejan comunidades y ayuntamientos representan ya las dos terceras partes de la inversión pública total y el 30% del gasto.

Con este panorama, el Gobierno plantea dos opciones, o el acuerdo o la modificación de la LOFCA. Esta última posibilidad afectaría especialmente a las comunidades autónomas ya que deben pedir autorización al Consejo de Ministros para emitir deuda pero tienen las manos libres para obtener créditos de las entidades financieras.

La modificación de la LOFCA. limitaría esta posibilidad, según Borreli, pero tampoco está libre de dificultades. Al tratarse de una ley orgánica necesitaría el acuerdo de las dos terceras partes del Parlamento. En definitiva, el Gobierno tendría que acudir al llamado bloque constitucional del que forman parte los grupos parlamentarios vasco y catalán.