El embrollo de Tous

UN EXCESO de confianza en la acción del ministerio fiscal y en el criterio de sus representantes políticos es la causa de que ocho años después de la tragedia de la presa de Tous 19.000 de los 24.000 afectados hayan quedado sin derecho a ser indemnizados por el Estado. La tibieza del ministerio fiscal en su función de defensor de la legalidad quedó puesta en evidencia en la sentencia dictada por la Audiencia de Valencia: su apocada, por no decir negligente, decisión de ejercer la acusación pública exclusivamente contra los eslabones inferiores de la cadena funcionarial responsable del mantenimiento de la presa se ha convertido, a la postre, en el mayor obstáculo para una justa satisfacción de la población afectada.Pero los erróneos consejos de las autoridades políticas de la zona afectada invitando a los damnificados a confiar en el ministerio fiscal y a no actuar por su cuenta tampoco son ajenos al actual fiasco. Unos y otros han colaborado en la injusta solución del caso: negar a la mayoría de los 24.000 afectados lo que se ha considerado de justicia conceder a unos pocos. Y ello por insoslayables motivos de carácter procesal, difícilmente comprensibles desde el punto de vista de la justicia material. La absolución de los dos ingenieros acusados por el ministerio fiscal ha exonerado al Estado de su responsabilidad indemnizatoria en cuanto a los miles de ciudadanos que, mal aconsejados, se escudaron tras su iniciativa. Por el contrario, los afectados que confiaron en sus propias fuerzas, buscaron un sólido asesoramiento jurídico y ejercieron la acusación particular obtendrán el amparo estatal: la condena de dos de los cinco funcionarios acusados -todos los responsables del funcionamiento de la presa desmoronada- les hace acreedores de la correspondiente indemnización.

Las reacciones a esta insolidaria situación han comenzado de manera lenta en varios campos. El ministerio fiscal anunció su decisión de recurrir al Supremo, en un intento de enmendar el entuerto derivado de su desidia acusadora., Por su parte, las autoridades y los responsables políticos de la Comunidad Valenciana, menos confiados ahora que antes en el ministerio fiscal, intentan que el Estado desenrede el embrollo por otras vías que la estricta de la indemnización judicial.

Lo cierto es que gran parte de los 19.000 afectados marginados de la indemnización desconocen el complejo mundo procesal y sólo tienen la certeza de ser sujetos de una gran injusticia. No han sido debidamente compensados -como ocurrió con los damnificados por las inundaciones de Cataluña y el País Vasco en los años 1983 y 1984- cuando más lo necesitaban, tras la catástrofe. Han sufrido un farragoso proceso judicial de ocho años para, finalmente, quedar fuera de las indemnizationes establecidas en la sentencia. Mientras tanto, los bancos les remiten periódicamente avisos de embargo porque no pagan los créditos que solicitaron tras la tragedia. Para colmo, las asociaciones de damnificados les lanzan veladas acusaciones porque no se organizaron.

Es cierto que sin las asociaciones de perjudicados la sentencia no hubiese sido condenatoria. Además, estas organizaciones gastaron mucho dinero en pruebas periciales y documentales, y mantuvieron vivo el espíritu reivindicativo con manifestaciones a lo largo de ocho años. Pero también es cierto que 19.000 personas han quedado en la estacada por un exceso de confianza en la institución del Estado que tiene la misión de defender la legalidad y los derechos conculcados de los ciudadanos. Con decisión judicial o sin ella, el Estado tiene una deuda con tales personas y no puede eludir su obligación de saldarla.