Países desarrollados intentan limitar hoy la moratoria sobre vertidos radiactivos

Diversos países desarrollados intentarán hoy poner fin a la moratoria internacional sobre vertidos nucleares en el mar que fue adoptada en 1983. La propuesta, abanderada por Londres y Washington, no es aceptada en principio por España y por los países nórdicos, entre otros. Los nórdicos han pedido además que el convenio se aplique a partir de 1995 a toda clase de vertidos industriales.

Unos 40 de los 65 signatarios de la llamada Convención de Londres sobre Vertidos Radiactivos de 1983, a revisar el año entrante, discuten en la capital británica si extender o cancelar la moratoria.España, que tiene frente a las costas gallegas una fosa en la que algunos países desearían realizar vertidos, rechaza esa posibilidad y defiende una ampliación del periodo de veto. Los países nórdicos, los europeos con más conciencia ecológica, van más allá y han propuesto que la convención se aplique, a partir de 1995, a toda clase de residuos industriales. Washington y Londres se niegan a aceptar esta más ambiciosa propuesta y el propio Reino Unido es uno de los países que desea "mantener abierta la opción de realizar vertidos radiactivos en el océano", según fuentes del Ministerio de Agricultura, responsable de la materia.

Propuestas alternativas

Domingo Ferreiro, secretario general de Medio Ambiente, estima que la mayoría de los países presentes en Londres aceptarán la extensión de la moratoria. La convención regula los vertidos de otras sustancias y sobre la mesa hay propuestas de radicalizar las condiciones. Hasta ahora, el 80% de los vertidos al mar se realizan directamente desde tierra y el 20% restante se realiza -de forma regulada o accidental- desde barcos.

Greenpeace, que habla de que "hay que acabar con la colocación de bombas de tiempo mediambientales en los fondos marinos", estima que los países más avanzados desean poner trabas al endurecimiento de la convención para poder seguir enviando sus residuos a países del Tercer Mundo. Méjico ha propuesto que se prohiba expresamente la exportación de residuos nucleares a países no firmantes del convenio, a los que, en teoría, no se puede impedir el realizar vertidos.