¿A quién le corresponde declarar la guerra?

CARLOS MENDO La actual crisis entre Estados Unidos e Irak ha vuelto a poner sobre el tapete una cuestión que colea desde el conflicto de Vietnam: ¿el presidente norteamericano puede iniciar una guerra constitucionalmente sin permiso del Congreso? La respuesta, como en Vietnam, ha vuelto a enfrentar a los poderes ejecutivo y legislativo de la nación.

El pasado domingo, en una intervención en el programa Meet the press de la cadena NBC, el líder demócrata del Senado, George Mitchell, recordó que, de acuerdo con la Constitución norteamericana (sección octava del artículo primero), corresponde "únicamente" al Congreso la declaración oficial de guerra a un país determinado.

"Conviene recordar que, según la Constitución, el presidente no tiene ninguna autoridad para comprometer a Estados Unidos en una guerra", manifestó Mitchell, para quien el Congreso debe ser convocado si el presidente George Bush decide atacar a Irak.

El problema se ha planteado ahora en toda su crudeza ante la posibilidad de que Bush ordene una acción ofensiva aprovechando que las dos Cámaras del Congreso serán disueltas la próxima semana, y los parlamentarios no serán convocados oficialmente hasta el próximo 3 de enero, cuando tomen posesión los nuevos diputados y senadores que resulten elegidos el 6 de noviembre.

A pesar de que el Congreso aprobó en 1973, contra el veto de Richard Nixon, una Ley de Poderes de Guerra para evitar una nueva situación como la planteada en Vietnam, donde la intervención norteamericana se produjo sin declaración de guerra previa, el actual inquilino de la Casa Blanca, como todos sus antecesores desde Richard Nixon, no comparte la opinión del Congreso.

La cuestión del permiso

Bush no discute la competencia del Congreso para declarar oficíalmente la guerra, pero no está dispuesto a solicitar el permiso previo para replicar a una agresión o iniciar un ataque sorpresa porque eso, según él, coartaría el mandato constitucional conferido a los presidentes como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la sección octava del artículo segundo de la Carta Magna norteamericana.

La posición adoptada por Bush, similar a la mantenida por su antecesor, Ronald Reagan, quien no se molestó en pedir autorización al Congreso para la invaslón de Granada o el bombardeo de Trípoli, fue expresada con toda claridad el miércoles en una comparecencia ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado por el secretario de Estado, James Baker.

El diplomático manifestó que el presidente "consultaría e inforinaría" al Congreso sobre sus intenciones hacia Irak, pero que no estaba dispuesto a pedir autorización previa.