La primacía del consenso

La mayoría de los chilenos quieren hoy evitar que se repita lo que el autor del artículo califica de "suicidio colectivo" de 1973. Por ello el país vive ahora una etapa marcada por el consenso para consolidar la democracia recuperada.

Hace 17 años, la irreductibilidad de las posiciones y la idea de que era posible imponer a los demás nuestro propio cuerpo doctrinario y un modelo de sociedad crearon en Chile las condiciones objetivas y subjetivas para llegar, a un punto de no retorno en la escisión política. Se produjo una suerte de suicidio institucional, originando la larga dictadura que todos conocemos y, en diferentes grados, hemos padecido. Hoy, la inmensa mayoría de los chilenos es consciente de que ni lo uno ni lo otro debe repetirse.Más allá de las acciones que por estos días han protagonizado los extremos, y a pesar de las voces que alzan los nostálgicos del conflicto, incapaces de aceptar -y menos de comprender- que los chilenos superen agravios y antagonismos en función de un futuro de entendimiento, los primeros seis meses de vida democrática demuestran que en la sociedad chilena está enraizando lo que podríamos llamar la primacía del consenso.

A diferencia de lo ocurrido en 1973, las fuerzas políticas chilenas y los actores sociales y económicos han sido capaces de ponerse de acuerdo. Primero, para revalorizar la vía política por encima de la vía militar y derrotar a Pinochet en un plebiscito histórico. Segundo, para realizar por consenso las reformas constitucionales básicas que permitieran una transición pacífica a la democracia. Tercero, para llevar adelante un proceso electoral limpio con garantía de respeto a los resultados. Cuarto, ya una vez instalado el nuevo Gobierno democrático de Patricio Aylwin, para llegar a acuerdos entre los partidos, los sindicatos y los empresarios para enfrentar las principales reformas económico-sociales necesarias para esta nueva etapa. Por último, ha sido posible -todo esto en muy poco tiempo- llegar a acuerdos básicos en reformas jurídico-institucionales que afectan a la Administración de justicia y a la situación de los procesos pendientes iniciados durante la dictadura por razones políticas o por hechos punibles derivados de esas situaciones.

Cuádruple desafío

En este marco de acuerdos, y con este espíritu consensual, Chile está afrontando un cuádruple desafío, de cuya superación depende que la democracia se consolide en los próximos años: justicia social, crecimiento económico, afianzamiento del poder civil y derechos humanos. El nuevo Gobierno ha recibido un país social y económicamente dividido, con una deuda social de enormes proporciones, que se manifiesta principalmente en el deterioro de los servicios sociales, en la precarización de las condiciones de empleo y en que cinco millones de chilenos viven situaciones de pobreza incompatibles con la dignidad humana. Por esta razón se han destinado para el presente año un total, sin precedentes, de más de 220.000 millones de pesetas para el gasto social, y se ha presupuestado para los próximos cuatro años una cifra superior a los 800.000 millones de pesetas, orientados a mejorar el salario mínimo y las pensiones, el acceso a los servicios básicos, vivienda, formación, empleo y programas de autoayuda comunitaria. Simultáneamente se enfrenta el desafío de mantener los equilibrios macroeconómicos básicos, fomentando la inversión nacional y extranjera -esta última, en el primer semestre superó los 800 millones de dólares, y sigue aumentando-, promoviendo las exportaciones, procurando diversificarlas, y creando las condiciones de estabilidad mínimas que den sustento a políticas de largo plazo para el libre desarrollo de las iniciativas de los agentes económicos.

Pero el necesario contexto para que la deuda social se pague y el crecimiento económico continúe es el de la plena vigencia del pluralismo político y social, la democratización del poder local y el reforzamiento de la autoridad e independencia de las instituciones políticas. Sin embargo, también han comprendido desde un primer momento las nuevas autoridades que nada de esto tendrá pleno valor social ni enraizará en la sana convivencia nacional si el país no enfrenta de una forma seria, crítica, generosa y definitiva el problema de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. De ahí que el presidente Aylwin haya creado la comisión Verdad y Reconciliación, para el conocimiento de las denuncias de los afectados y para poner estos casos en manos de la justicia ordinaria. Esta comisión, presidida por un eminente hombre público, de común aceptación, ha vencido con sus primeras actuaciones las resistencias iniciales de la derecha y ha neutralizado los recelos de las Fuerzas Armadas y la desconfianza del sector más extremo de la izquierda. Pero lo más significativo, y que indica que se está en la dirección correcta, es la positiva respuesta que las propias víctimas o los familiares de los asesinados o desaparecidos han dado al trabajo de la comisión: en tres meses de labor ha recibido más de 3.000 denuncias, y en palabras de su presidente, "lo que sorprende es que los afectados no tienen ánimo de venganza, sino de justicia: manifiestan contentarse con que logremos lo fundamental, que se conozca la verdad sobre los hechos. (...) La mayoría desea justicia, pero no violencia". Recientemente, la comisión ya ha puesto en conocimiento de los tribunales los primeros casos para que éstos.actúen según las disposiciones vigentes. Es decir, lo que el nuevo Gobierno y los partidos políticos del arco parlamentario están intentando hacer es crear las condiciones para la reconciliación nacional fundada en la verdad y la justicia, nunca en el olvido.

Combinar democracia política con justicia social, estabilidad económica y reconciliación nacional es la gran empresa de Chile. Para llevarla adelante requiere de mucha comprensión en el interior del país y en el ámbito internacional. La cooperación financiera y técnica, junto al apoyo político al proceso democrático, son fundamentales. Para el nuevo Gobierno, que lleva instalado hace apenas seis meses, no es una tarea fácil, ni nadie pretende que lo sea. Tampoco es una tarea de corto plazo, pese a las urgencias. Menos aún cuando, precisamente, uno de los desafíos consiste en profundizar en la democracia, llevarla a la base y a las instituciones que quedaron atadas mediante leyes de último minuto aprobadas por el Gobierno militar, cuyo desmantelamiento será no sólo políticamente complicado, sino laborioso. Nadie con un mínimo de serenidad podría plantear que las actuales autoridades hayan olvidado su compromiso con los cambios y con la justicia. Pero precisamente porque la primera obligación con el país es asegurar bienestar y justicia para todos, y que no se repitan jamás en Chile los horrores de una dictadura, es que existe el deber de combinar firmeza con prudencia y sentido político. Hay una minoría que prefiere la vociferación y el enfrentamiento, y presiona al Gobierno en un sentido o a la oposicion en otro para radicalizar las posiciones. Afortunadamente no tienen éxito; los extremos van quedando aislados, y el propio general se encarga, con sus lamentables intervenciones, de ir restándoselos apoyos que tenía.

es director del Centro de Investigaciones y Promoción Iberoamérica-Europa.