Arrimar el hombro

El Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han iniciado un pulso en el que se dilucida la contribución del sector público al ajuste económico. El temor de la Administración central es que los organismos territoriales disparen todavía más su cifra de endeudamiento en 1991, sobre todo en un año de elecciones. Tanto comunidades como ayuntamientos se muestran, sin embargo, reacios a un compromiso para apretarse el cinturón y no parecen dispuestos a limitar su capacidad de gasto.

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, lanzó hace unos días un ultimátum a comunidades autónomas, y ayuntamientos. Durante su intervención en el Senado para explicar el programa de ajuste económico, Solchaga pidió el apoyo de las otras administraciones a su política de moderación del gasto público. En caso contrario, aseguró, el Gobierno utilizaría medidas legales para limitar el endeudamiento de ayuntamientos y comunidades autónomas.Con anterioridad, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, en reuniones con los representantes de las dos administraciones territoriales, había intentado el acuerdo. Sin embargo, no llegó a sacar nada claro. Cataluña y el País Vasco llevaron la voz cantante a la hora de dejar claro que la política de endeudamiento es de su competencia exclusiva, aunque se mostraron comprensivos con el argumento de que vienen tiempos peores para todos.

Entre tanto, responsables de Hacienda y de Administraciones Públicas han rebuscado en el complejo entramado legal que regula las relaciones financieras entre las distintas administraciones. La orientación política coincide con la expresada en el Informe Delors sobre la unión económica y monetaria europea. .

La propuesta de este informe, aún pendiente de aprobación es que, "dado su impacto potencia¡ sobre la situación económica interna y externa de la CE ( ... ),los Estados miembros deberían adoptar decisiones vinculantes para definir el volumen y la financiación de los déficit presupuestarios".

Si el camino hacia la Europa unida puede pasar por este acuerdo, la Administración central entiende que se debe hacer lo propio dentro de las fronteras españolas. Este argumento cobra fuerza si se tiene en cuenta que en 1990 el presupuesto que manejan las comunidades autónomas y los ayuntamientos alcanza el 33% del gasto público total, una cifra que ha ido en aumento cada año.

La búsqueda de fórmulas legales para imponer a comunidades y ayuntamientos la misma moderación que se propone el Estado no ha sido coronada con el éxito. Se requeriría cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que somete a autorización del Gobierno las emisiones de deuda de las autonomías, aunque les deja libertad para endeudarse con los bancos y las cajas de ahorro. "Cambiar una ley como ésta en el momento político actual no parece conveniente", señalan fuentes de Hacienda. Modificar la LOFCA, columna vertebral de la actual organización del Estado, "sin que sea previsible el acuerdo de los grupos parlamentarios vasco y catalán sería como meter una bomba de relojería en el actual equilibrio de fuerzas político".

Además, durante estos días han comenzado las primeras conversaciones con las comunidades autónomas para el nuevo sistema de financiación que debe entrar en vigor en 1992. El Gobierno ha considerado que no es un buen momento para iniciar una negociación "tan complicada como ésta" con el precedente de una norma legal que imponga las restricciones presupuestarias.

Descartada, por el momento, la vía del acuerdo y la posibilidad de una modificación legal, el peligro que aparece inminente es que mientras la Administración central manifiesta su propósito de apretarse el cinturón, las comunidades y los ayuntamientos se resisten a arrimar el hombro.

Año de elecciones

Aunque en Hacienda se reconoce que el endeudamiento de las comunidades no es todavía grave en relación al presupuesto que manejan, la preocupación es su elevado crecimiento. Solamente en 1990, la previsión es que el endeudamiento de las autonomías crezca un 51,6% sobre el año anterior y se acerce al medio billón de pesetas, aunque al cierre del ejercicio la estimación de Hacienda es que se puede situar en los 700.000 millones de pesetas. Ello sobre un presupuesto de 4,7 billones que ha crecido un 19,62%, frente a un presupuesto del Estado que este año crecerá un 10,5% (11,3 billones). Los ayuntamientos, por su parte, tienen un endeudamiento acumulado de 1,2 billones sobre un presupuesto de 2,6 billones de pesetas.Si el año que viene la financiación del Estado a las comunidades y los ayuntamientos modera su crecimiento (5,1 %) como consecuencia de un menor ritmo de crecimiento en los ingresos y la moderación en el gasto central, el peligro es que el endeudamiento aumente. Ello es más preocupante en un momento en que las elecciones en comunidades y ayuntamientos están en puertas y lo normal es que nadie asuma la impopularidad de un recorte en su capacidad de gasto.