Un funcionario declara que el Gobierno vasco aprobó licencias de máquinas antes de solicitarse

Un antiguo funcionario del Departamento de Juego del Gobierno vasco admitió ayer que la Administración autónoma aprobaba las licencias para la explotación de máquinas tragaperras antes de recibir las solicitudes por parte de las empresas dedicadas a esta actividad. Estas declaraciones se produjeron en el transcurso de la última comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, que investiga el presunto fraude en la concesión de licencias.

Según el abogado de la acusación popular, José Esteban, la declaración de Josu Abrisketa, ex funcionario del Juego actualmente adscrito a la Dirección de Deportes del Gobierno vasco, "fundamentalmente ha venido a confirmar lo que ya se dijo en la anterior comparecencia: la Administración decidía el número de licencias a conceder a cada empresa con independencia de la documentación presentada, y una vez decidido esto se avisaba a los empresarios para que cumplimentaran los impresos de solicitud".Por otra parte, Abrisketa admitió, tal como hizo la semana pasada una funcionaria de su mismo nivel, que "efectivamente se produjeron corruptelas importantes por parte de las empresas operadoras", según manifestó el letrado de la acusación. El mismo abogado señaló que el hecho de que los dos últimos testigos citados a declarar no hayan proporcionado ningún ejemplo concreto de estas "corruptelas" no resta importancia al hecho de que hayan admitido la existencia de las mismas.

José Esteban destacó el hecho de que las últimas comparecencias están poniendo de relieve que "a pesar de que se habían detectado incorrecciones administrativas entre la empresas que explotaban las tragaperras, nadie del Departamento del Juego puso el más mínimo interés para controlar o evitar esas irregularidades".

El letrado de la acusación popular señaló asimismo que "se han puesto de manifiesto un cúmulo de irregularidades administrativas que, en el caso de un funcionario de alto nivel como el director del Juego Joaquín Portuondo, se convierten en un acto de evidente dejación de sus responsabilidades que puede derivar en responsabilidades penales".