La hora del NIF

LA ENTRADA en vigor del número de identificación fiscal (NIF) pone de relieve, una vez más, las contradicciones en las que parecen moverse con constancia las autoridades de la Hacienda pública: de una parte, se justifican las nuevas formas de controlar al ciudadano con la ayuda de la tecnología informática basándose en la necesidad de evitar el fraude, es decir, se hace apología de la eficacia, y de otra, se demuestra una notable incompetencia burocrática al no haber podido enviar la nueva identificación a quienes tienen el deber de poseerla. Sólo la disciplina del ciudadano, sin duda potenciada por las indisimuladas amenazas de nuestros recaudadores, consigue cumplir el plan preestablecido.A ello -a esa ineficacia que anhela el rigor- hay que añadir los discutibles razonamientos jurídicoconstitucionales de la medida. Todo parece indicar que el Ministerio de Hacienda apuesta sistemáticamente por la entrada en vigor de normas que posteriormente el Tribunal Constitucional rechaza o modifica. Sobre el IRPF se ha dicho de todo, pero fue el citado tribunal el que enmendó la plana a los responsables administrativos. El NIF lleva un camino similar, puesto que, de momento, el Tribunal Supremo ha admitido ya a trámite el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Consejo General del Colegio de Economistas de Madrid contra el real decreto que regula su utilización. Es prematuro vaticinar el resultado final de la vía jurídica, pero es significativa la premura con la que la Hacienda pública pretende imponer el nuevo control. En definitiva, el objetivo último de la nueva disposición fiscal, y consecuentemente el de la oposición que encuentra, no es otro que el de escudriñar con más detalle la economía del ciudadano. La duda es saber si, como afirman los responsables de la medida, se busca evitar el fraude, y por tanto repartir con mayor equidad los gastos públicos, o, como alegan quienes se oponen, se busca una aproximación al control orwelliano del sufrido contribuyente.

En el ámbito de los hechos objetivos hay un dato inquietante: tras ocho años largos de desempeño del poder, el Gobierno no ha sido capaz de presentar un proyecto de ley orgánica limitadora del uso de la informática, un espacio en el que cada cual -Administración y ciudadanos- sepa con claridad cuáles son sus derechos y deberes. Sabemos, siempre de forma tangencial, que el Ejecutivo enviará a las Cortes un proyecto de ley para establecer el derecho a la intimidad en esta nueva modalidad tecnológica durante la presente legislatura. Es precisamente en ese derecho a la intimidad en lo que se basa el recurso del Consejo General del Colegio de Economistas de Madrid aceptado por el Supremo. La incompetencia burocrática de Hacienda parece poca cosa en relación con el ritmo legislativo del Gobierno.

Aceptamos ya estar numerados, informatizados, con nuestros datos procesados -una palabra que suena peligrosamente-; pero, por favor, que trabajen ellos en eso, que las amenazas se basen en la labor previa eficaz. No seamos alguaciles alguacilados, como el de Quevedo.