El Gobierno murciano recurre a un ginecólogo de Madrid para hacer abortos

Cinco años después de que entrara en vigor la ley de interrupción voluntaria del embarazo se han realizado los dos primeros abortos legales en Murcia. Para ello ha sido necesario que las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma contraten, a tiempo parcial, un ginecólogo de Madrid, ya que todos los especialistas de la región murciana se han acogido a la objeción de conciencia. Esta situación obligaba cada año a 800 mujeres, amparadas en alguno de los supuestos legales, a salir de Murcia para poder abortar.

Las dos primeras interrupciones de embarazo se han realizado este mes y se han debido a malformación del feto. En ambos casos las mujeres superan los 40 años de edad. La consejería de Sanida, acogiéndose a las normas sobre secreto estadístico de las personas, ha rehusado dar más datos sobre estos abortos así como sobre las otras mujeres que esperan poder acogerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo sin tener que abandonar Murcia.Miguel Ángel Pérez Espejo, consejero de Sanidad en Murcia, anunció a primeros de año que respetando la legalidad -esa comunidad no tiene trasferidas las competencias en materia de sanidad- estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para acabar con la discriminación a que se veían sometidas la mujeres en Murcia al no contar con un centro sanitario dispuesto a realizar interrupciones de embarazo.

Antes de decidirse a contratar a un ginecólogo que trabaja habitualmente en la clínica privada Dator, de Madrid, para que se desplazara periódicamente a Murcia, Pérez Espejo dirigió una carta a los tocoginecólogos que ejercen su profesión en Murcia. En ella les recordaba que existe una ley que autoriza el aborto en tres casos (riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y embarazos fruto de una violación) y les requeria para quemanifestaran su posición profesional.

Esta carta, en la que se garantiza la confidencialidad a todos los facultativos, sólo ha sido contestada por dos de ellos. La Sociedad Murciana de Ginecología manifestó su oposición al consejero y calificó la misiva de intimidatoria. Pérez Espejo anunció, entonces que buscaría fuera los especialistas necesarios para prestar este servicio de la sanidad pública. La Consejería de Sanidad dispone sólo de dos centros hospitalarios: el antiguo de la Diputación Provincial en la capital y otro en Santiago de la Ribera, junto al Mar Menor. Además de éstos, en Murcia hay otros cinco hospitales públicos, que dependen del Insalud, y un hospital militar en Cartagena.

Grupos de militantes de la Asociación Provida se han manifestado ante las puertas del hospital de Los Arcos de Santiago de la Ribera (situado en el municipio de San Javier, en cuya corporación tiene mayoría el Partido Popular), desde que se hizo público el pasado mes de junio que en este centro podrían realizarse abortos. Las manifestaciones fueron apoyadas por el obispo de la diócesis de Cartagena, Javier Azagra, que las calificó de "progresistas", y por el ayuntamiento de San Javier.

Según los datos de la consejería, anualmente unas 800 mujeres que residen en la región murciana se someten legalmente a abortos en hospitales de Madrid y Valencia. Los colectivos feministas elevan esta cifra a más de 3.000 mujeres. Las primeras intervenciones tuvieron que retrasarse en dos ocasiones. La primera de ellas, el pasado mes de junio, porque no se contaba con el personal auxiliar suficiente. Un mes más tarde las dificultades que obligaron a suspender la intervención fueron problemas en el historial clínico de la paciente.

Tres comunidades

Una situación similar a la de Murcia la sufren las mujeres de otras tres comunidades autónomas (Extremadura, Navarra y La Rioja), informa Azucena Criado. La inexistencia de un centro sanitario, público o privado, que cuente con profesionales dispuestos a atender los interrupciones voluntarias del embarazo ha sido denunciado en repetidas ocasiones por la Comisión Proderecho al Aborto y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

"El propio Parlamento Europeo aprobó en marzo de este año una resolución en la que se pide a los estados miembros que legalicen el aborto y ofrezcan a las mujeres enfrentadas a este grave problema la mejor asistencia posible tanto a nivel de seguridad como financiero. Tras esto, hace una alusión a España diciendo que, aunque el aborto es legal, mujeres y médicos siguen sufriendo persecuciones y condenas", dice Consuelo Ruiz Jarabo, miembro de la FADSP.

El 95% de los 100.000 abortos, que, según un estudio de la Federación de Planificación Familiar, se realizan anualmente en España tiene lugar en clínicas privadas, debido a la sistemática objeción de conciencia alegada por los tocoginecólogos de los centros sanitarios públicos.