Sin derecho a enfermar

Cerca de 300.000 extranjeros, según estimaciones no oficiales, residen ilegalmente en España. El 60% de ellos se reparten entre Cataluña y Madrid. Algunos entraron clandestinamente. A otros se les denegó el estatuto de refugiado. Todos comparten, sin embargo, una misma realidad: vivir sin papeles, en una situación de marginalidad laboral y social. Muchos sobreviven con trabajos clandestinos. Otros duermen y comen de la caridad. La mayor parte, pese a haber residido y trabajado durante algunos años en España, queda al margen de las redes de protección social, al no haber podido regularizar su situación. Cuatro iniciativas en el campo sanitario intentan aliviar esta situación de desamparo asistencial.

Lusiakwen Pindi tiene 31 años y es angoleño. Sus conocidos le llaman Daniel, que es más fácil de pronunciar. Llegó a España hace doce meses por motivos políticos. Daniel es ciego y presenta una seria alteración psiquiátrica.Como Daniel hay otros muchos inmigrantes que viven y trabajan en España y que necesitan una asistencia sanitaria que la red pública nos les da por su condición de ilegales. Los menos consiguen ser atendidos median te cartillas de beneficiencia.

En medio de este desamparo cuatro centros sanitarios alivian el panorama atendiendo de manera regular a los pacientes sin comprobar la caducidad de sus papeles: la sección de enfermedades importadas del Centro de Medicina Tropical, situado en e puerto de Barcelona, y dependiente del Institut Catalá de la Salut, que dirige el doctor José Luis Bada Ainsa, y las unidades de medicina tropical del hospital Clínico de Barcelona, (en marcha desde 1985), del hospital Ramón y Cajal de Madrid, y del centro de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, el más veterano de todos.

Este hospital privado del Maresme catalán lleva 14 años atendiendo a inmigrantes, aunque la unidad como tal tiene 10 años de existencia. Xavier Balanzó, uno de sus responsables médicos calcula que solamente el 4% de los pacientes atendidos, de los 1.500 a los que se abren historias clínicas completas al año, tienen cartilla de la seguridad social. El resto son ilegales. "En el hospital sólo les pedimos el nombre y el pasaporte, si lo tienen", afirma.

La unidad no sólo trata las enfermedades exóticas, sino que ofrece una atención más amplia que incluye, por ejemplo, un programa de salud materno-infantil. Pese a la labor del hospital, el problema de fondo continúa vigente. En su mayoría, los inmigrantes que llegan al Maresme no consiguen el empadronamiento y se tienen que contentar, en el mejor de los casos, con un trabajo en régimen de explotación encubierta. En estas condiciones, como reconoce el doctor Balanzó, "es difícil que puedan mantener, por ejemplo, durante seis meses, un tratamiento de tuberculosis que cuesta más de 40.000 pesetas".

Lugar de peregrinación_

La dirección del centro ha mantenido el servicio, pese a las pérdidas anuales cifradas en 15 millones de pesetas sin contar el coste del personal. El hospital Sant Jaume 1 Santa Magdalena se ha convertido en un lugar de peregrinación para buena parte de los inmigrantes que viven en Cataluña. Desde el año pasado, la Generalitat se ha sumado al proyecto y aligera la carga económica con la aportación del 60% de los gastos por enfermo atendido.

Madrid, la ciudad con el mayor número de inmigrantes ilegales de España (cerca de 90.000), no contaba con nada parecido hasta que hace nueve meses se puso en marcha la Unidad de Medicina Tropical del hospital Ramón y Cajal. Su responsable, Rogelio López-Vélez, de 33 años, es especialista en Medicina Interna y completó su formación en enfermedades infecciosas en Canadá y en medicina tropical en. Liverpool (Reino Unido).

A su regreso de África, donde trabajó como cooperante en Liberia y Sierra Leona, López-Vélez recorrió diversos organismos con un viejo proyecto suyo bajo el brazo: la creación de un centro de referencia de medicina tropical que incluyera, con carácter permanente, la atención de este amplio numero de ciudadanos extranjeros sin cartilla de la seguridad social.

En el hospital Ramón y Cajal, de Madrid, encontró el apoyo que necesitaba en el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas, Antonio Guerrero, y en la gerencia. A finales de 1989, la Unidad de Medicina Tropical abrió sus puertas y desde entonces ha practicado unas 1.500 consultas, entre 15 y 20 diarias. El 20% de ellas a inmigrantes sin seguridad social. "Tratamos de solucionar en parte la situación aótica y de absoluto desamparo en la que se encuentra este colectivo", afirma el doctor López-Vélez, que ha conseguido que con una simple carta de la unidad se le de a los inmigrantes toda la documentación necesaria para acceder a los diferentes servicio hospitalarios.

Derechos humanos

López-Vélez considera que al hablar de injusticias sanitarias se está hablando "no de derechos sociales adquiridos o de caridad, sino de un derecho humano fundamental: el derecho a la salud" "Esta gente no tiene derecho a ninguna asistencia sanitaria, ni siquiera a urgencias, aunque normalmente los médicos de estos servicios les atienden por razones humanitarias. Pero luego les falta el seguimiento", añade.

En ocasiones, los inmigrantes padecen enfermedades psiquiátricas que no son tratadas o necesitan fármacos que en España no están comercializados. El escaso surtido de estos medicamentos obligó a la unidad de medicina tropical a montar su propia estructura farmaceútica, con medio millón de pesetas y unos 30 productos diferentes catalogados.

Además de una mayor especialización en la materia, el responsable médico de esta pionera unidad sanitaria en Madrid reclama para este colectivo centros de atención primaria donde se les solucionen las enfermedades más frecuentes y se les preste una atención continuada.

Otras iniciativas, al margen de estas instituciones sanitarias, se desarrollan con ayuda de voluntarios en algunas capitales donde hay inmigrantes. Entre los africanos que residen en Madrid todavía corre de boca en boca la experiencia del padre Antonio Díaz Freijo al frente de la Casa de la Palabra, recientemente clausurada. También la Federación de Asociaciones de Refugiados y Asilados intenta conseguir una subvención de la Comunidad de Madrid para poner en marcha un centro de acogida que incluya una clínica y un comedor.