El Gobierno rumano juzgará a los mineros que realizaron actos de violencia

Mineros que destacaron por su violenta actuación contra miembros de la oposición y meros ciudadanos de Bucarest durante los graves incidentes habidos en esta ciudad entre el 13 y el 15 de junio serán juzgados junto a los presuntos responsables del asalto a sedes institucionales.Una delegación parlamentaria rumana que ha visitado Madrid aseguró a EL PAÍS que entre las 185 personas que se encuentran detenidas por aquellos acontecimientos se hallan numerosos mineros.

La violenta actuación de los mineros llamados por el régimen del presidente Ion Iliescu par adefender las instituciones de un supuesto ataque fascista provocó duras condenas internacionales y la suspensión del acuerdo de cooperación de la Comunidad Europea con Rumania. A raíz de ello, el Gobierno- rumano favoreció la creación de una comisión investigadora parlamentaria.

En la comisión están también presentes los partidos de la oposición cuyas sedes fueron asaltadas por los mineros. Está recibiendo las denuncias, indicios y pruebas para establecer las responsabilidades en esta compleja trama. Comenzó con el violento desalojo de un reducido grupo de miembros de la oposición que ocupaban una plaza céntrica de Bucarest, escaló con el asalto del Ministerio del Interior, Jefatura de Policía y sede de la televisión y culminó en una orgía de violencia protagonizada por los mineros del valle de Jiu llamados por las autoridades ante la extraña pasividad del ejército y la policía.

Tras la declaración de gobierno del primer ministro Petre Roman que establece como máxima prioridad la radical transición hacia una economía de mercado y la apertura de la economía hacia Europa, la necesidad de ayudas occidentales se hace extremadamente perentoria, y su ausencia puede desembocar en agudos conflictos sociales.

Ante el riesgo de una grave desestabilización, el Gobierno tecnócrata de Petre Roman parece decidido a acabar con la política del sector más ideológico del Frente de Salvación Nacional (heredado del extinto partido comunista) de hacer responsable de los incidentes a la oposición o a "grupos fascistas", como llegó a decir el presidente Iliescu.

El jefe de la delegación parlamentaria que visitó España, Marian Enache, reconoció que "no hay pruebas que respalden que eran fascistas" quienes organizaron el asalto.