Quiebra de la justicia

LA DECISIÓN de la Audiencia Nacional de abrir el juicio oral contra los policías José Amedo y Michel Domínguez ha llegado con más de un año de retraso. Justo el tiempo transcurrido desde que acordó tirar la toalla ante la actitud obstruccionista del Ministerio del Interior en la investigación de los fondos reservados, presumiblemente destinados a la financiación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde aquel mismo instante carecía de sentido mantener empantanado por más tiempo un proceso abierto con escaso interés para la justicia y, por el contrario, con evidente perjuicio para los dos policías procesados.La Fiscalía General del Estado, al urgir la apertura del juicio oral, ha actuado de acuerdo con los más genuinos principios procesales que impiden la dilación injustificada del juicio. Lo lamentable es que no haya obrado con igual diligencia en defensa de la legalidad a lo largo del todo el proceso, y que su desentendimiento en los momentos cruciales de la investigación judicial sobre el caso Amedo haya contribuido -en gran medida- a su inoperancia final. Una actuación que se echó en falta cuando la Audiencia Nacional justificó el abandono definitivo de la investigación de los fondos reservados en base a una pretendida supremacía de la seguridad del Estado -valor que en cuanto tal no tiene existencia constitucional- sobre el conjunto de los principios y valores constitucionales que definen a un Estado de derecho.

Con estos antecedentes hay razones para temer sobre el desarrollo del juicio oral ahora abierto. La falta de pruebas sobre la posible conexión de Amedo y Domínguez con el entramado de los GAL -en la línea de investigación apuntada indiciariamente por el juez Baltasar Garzón de que "los GAL se financiaron como consecuencia de un desvío doloso de fondos públicos"- puede concluir de hecho en un simulacro de juicio. Pues si la seguridad del Estado se ha interpuesto ya una vez ante la acción de la justicia, nada impide que vuelva a interponerse en el juicio oral y entorpezca su tarea en el análisis de los delitos que se imputan a Amedo y Domínguez, entre ellos seis asesinatos frustrados y uno consumado.

La decisión de la Audiencia Nacional de aceptar formalmente por primera vez la existencia de la razón de Estado como obstáculo insuperable a la función jurisdiccional de los tribunales de Justicia puede tener consecuencias gravísimas para el Estado democrático. Con esta doctrina, la propia Audiencia Nacional se ha atado las manos de hecho en su loable intención de investigar los servicios policiales que planificaron en 1978 el asesinato frustrado en Argel del líder independentista canario Antonio Cubillo, y anima al Ejecutivo a acotar por vía legislativa (actual proyecto de ley de Secretos Oficiales) una zona de poder autónomo inmune a la actuación judicial. Supone ni más ni menos que situar, de hecho, la Constitución a los pies del recurrente y arbitrario concepto de la razón de Estado, encubridor de intereses oscuros en tanto en cuanto pretendan eludir el imperio de la ley y quedar al margen del debido control parlamentario y judicial.