Control sindical: un debate estéril

Cuando toda Europa se prepara para cortar la cinta inaugural del Mercado único, que nos permitirá iniciar una nueva etapa económica internacionalizada y abierta; mientras en cada país, empresas, instituciones y administraciones públicas se aprestan para competir en la nueva situación; nosotros, en España, lejos de preocupaciones más trascendentes, asistimos a un agrio debate interno en torno al control sindical de la contratación laboral, como si eso fuera lo único, o lo más importante, que está sucediendo en nuestro entorno.Y éste es el caso del proyectado control sindical de los contratos, otorgamiento político que no parece responder a una demanda social legítima y actual. Ese compromiso del Gobierno con los sindicatos, que desde enero viene enrareciendo el deseable clima para cualquier tipo de concertación, constituye en el fondo un reflejo más de esa cultura de la seguridad en la que ha vivido inmersa la sociedad española durante tantos años. Porque los cambios operados últimamente con el propósito de destrabar rigideces e intervenciones no han conseguido desahuciar del todo viejas inercias que están también asentadas en el mundo económico y sindical. La falta de flexibilidad de nuestra sociedad es singularmente acusada en el ámbito del mercado de trabajo, donde esas rigideces tienen raíces históricas profundas, basadas en el principio de inmovilidad a cambio de bienestar, o estabilidad de la relación laboral individual a cambio de limitaciones en los derechos colectivos.Nueva suerteEn el caso que ahora nos ocupa, se trata de alumbrar una nueva suerte de intervención de terceros (sindicatos) en una relación de dos (empleador/empleado), invocando la seguridad de los trabajadores pero con el propósito subyacente de garantizarse unas competencias que tal vez den más contenido o más relevancia social a las actividades propias del sindicato pero que corresponden a los poderes públicos.

Porque, en efecto, el control de la legalidad, en materia laboral como en cualquier otra, corresponde en vía ejecutiva a los órganos competentes del Estado y en vía jurisdiccional a los tribunales de justicia, conforme a los más elementales principios constitucionales. La colaboración de los ciudadanos, de forma individual o a través de entidades representativas, no puede traducirse en sustituir a aquéllos en esas funciones indelegables, incluso por ley, ni tampoco en interferir de alguna forma en su ejercicio. Sin embargo, el acuerdo suscrito por Gobierno y sindicatos compromete la independencia de la Inspección de Trabajo al encomendar a futuras comisiones de seguimiento la función de establecer criterios para la elaboración de planes y programas de control del fraude a desarrollar por la Inspección. Lo mismo sucede cuando se anuncia la regulación de consultas preceptivas a los sindicatos más representativos sobre los planes de inspección. De establecerse en normas de carácter legal, éstas y otras previsiones del acuerdo podrían incidir en serios reparos de ilegalidad e incluso de inconstitucionalidad.

La parte salvable del acuerdo es la preocupación por los posibles fraudes y abusos en ciertas modalidades de contratación; preocupación que también compartimos los empresarios, ya que el fraude, aquí al igual que en el ámbito de lo fiscal, es siempre competencia desleal por parte del que lo realiza respecto a los demás. Asumimos la necesidad de luchar contra el fraude laboral, así como la de exigir el correcto cumplimiento de las normas de contratación temporal. Pero eso va por otros caminos; primero, estableciendo una normativa clara, sin lagunas, y llevando un control riguroso y eficaz por parte de los poderes públicos. Contamos hoy con demasiadas normas, con demasiadas modalidades de contratación temporal, formadas por aluvión, y que tal vez permitan que en esa maraña normativa se aprovechen algunas ventajas concebidas para otros fines. Reducir y simplificar esas variantes y configurarlas de un modo más nítido sería una de las primeras medidas a adoptar. Y en lo que se refiere a la Inspección de Trabajo, si los sindicatos advierten insuficiencias, no parece que el remedio sea suplantarla sino reforzar sus efectivos.

Vía muertaPero sinceramente creo que con estas discusiones nos situamos en vía muerta, mientras el tren para Europa marcha por otro lado. Nuestra preocupación, y así lo hemos expresado muchas veces desde el Círculo de Empresarios, debe ser lograr la máxima competitividad de nuestra economía para que el sistema productivo español pueda explotar todas las ventajas que representa una mayor apertura internacional. Y eso sólo se consigue con la mayor flexibilización de todos nuestros mercados, entre ellos el mercado de trabajo, que está aún maniatado por rigideces, normativas caducas, y muy vinculado a lo que antes denominábamos "cultura de la seguridad".

Para que el funcionamiento del mercado de trabajo, sin nuevas e innecesarias intervenciones, contribuya a la dinamización de la economía que es obligada consecuencia de su internacionalización, debe cumplir tres exigencias básicas.

Primera. Permitir el paralelismo o adecuación nacional entre situaciones laborales y situaciones productivas. Es decir, no mantener puestos de trabajo que no sean necesarios.

Segunda. Establecer una relación esencial entre retribución y rendimiento. O lo que es igual, ganar más y producir más, o al contrario.

Tercera. Sacar del mercado de trabajo lo que son acciones de pura política redistributiva, que deben situarse en otro marco más adecuado.

El mercado español de trabajo dista mucho de ofrecer las citadas condiciones y -nos guste o no- deberá evolucionar en ese sentido, con el gradualismo adecuado y, sin olvidar la diversidad de situaciones de constricción a que se enfrenta cada empresa en particular. Porque sólo un mercado de trabajo en condiciones de flexibilidad suficiente producirá efectos beneficiosos en el conjunto de la economía española, en especial en cuanto atañe a la formación y gestión de su capital humano y a la creación de empleo.

Los empresarios creemos que estos condicionantes son imprescindibles para ser competitivos, y la competitividad va a ser nuestro salvoconducto para circular por Europa. Y no nos olvidemos de que a Europa vamos todos. Los empresarios, por supuesto, pero también los trabajadores y los sindicatos. La meta es única para unos y otros y también debe serio nuestro compromiso.