El defensor del pueblo en Cataluña dice que el racismo emana de la Administración

Frederic Rahola, síndic de greuges -institución catalana homóloga a la del Defensor del Pueblo-, sostiene que la CE tiene el deber moral de ser solidaria con los emigrantes del Tercer Mundo, al argumentar que los países ricos "han chupado durante años de los pobres y tienen que reparar los daños que hicieron a sus colonias". El Síndic estima que la política restrictiva de la inmigración que aplica la Administración, tanto la española como la europea en general, puede revitalizar los movimientos de xenofobia en 1993, cuando se supriman las fronteras entre los Doce. En declaraciones a EL PAÍS, Rahola lamenta que la Administración mantenga actitudes racistas "cuando el pueblo catalán, pese a ser clasista, no es racista".

"Este país no es racista, es decir, no persigue la raza por la raza", asegura Rahola, y agrega: "Este país es clasista. No tolera la mezcla de distintos estratos sociales, pero le es indiferente que la gente sea norteafricana, gitana o suramericana. Existe un sentimiento de clase muy profundo, muy arraigado. Si un chico negro es médico o abogado, entonces los problemas se han acabado".A juicio de Rahola, cuya teoría es compartida por su adjunto, Elíes Rogent, la no existencia de actitudes xenófobas con profundas raíces en la sociedad catalana contrasta aún más con la actitud inflexible que defiende la Administración, especialmente desde que España ingresó en la CE.

Los dos máximos responsables de la institución del Síndic de Greuges afirman que la situación de los 300.000 extranjeros que residen en la Península -160.000 de ellos en Cataluña- será extremadamente crítica dentro de dos años, cuando se supriman las fronteras entre los 12 países de la Comunidad Europea. "España ha sido llamada a ser el bastión de la CE, y está haciendo gala de una falta de memoria histórica al olvidar que hace varias décadas miles de españoles buscaron trabajo en Alemania, Francia o Suiza", afirma.

Permisividad y tolerancia

"Los países ricos tienen la obligación moral de dar apoyo y reparar el daño que han hecho a los pobres, y de restituirles lo que les quitaron en su momento. Una buena fórmula sería actuar con permisividad y tolerancia con la gente que viene en busca de trabajo y no empujarla a la clandestinidad, a vivir en pisos miserables y cobrar salarios pírricos", reflexiona Rahola. Y añade: "No creo que alguien que abandone su país se haga camello porque quiere; lo hace por una imperiosa necesidad de sobrevivir". Esta situación se refleja en el elevado porcentaje de extranjeros encarcelados en España.Rahola y Rogent están en contacto permanente con organizaciones como Sos Racismo, Cruz Roja, Cáritas y colectivos de africanos que les informan sobre la tramitación de los permisos de trabajo y residencia.

La denegación indiscriminada de estos documentos casi ha convertido la oficina del Síndic en un centro de información: "La gente está tan asustada que viene aquí esperando que le expliquemos qué debe hacer", explica Rogent, quien advierte que desde la expulsión masiva de marroquíes que trabajaban en una fábrica textil de la zona de Vic, se ha apreciado un importante aumento de quejas y peticiones de ayuda por parte de extranjeros.

Los principales perjudicados no sólo son los emigrantes norteafricanos, sino que cada vez más se ven afectados los suramericanos. "En teoría gozan de ventajas por los tratados que España haya podido suscribir con otros países, pero en la práctica sufren el problema por igual. Jóvenes estudiantes con becas sólo reciben el permiso por nueve meses, para luego afrontar graves inconvenientes para renovarlo".

Los gobiernos civiles no aplican por igual la ley de Extranjería, señalan los dirigentes de la institución del Síndic. Rogent afirma que los gobiernos civiles de Madrid y de Barcelona son excesivamente estrictos, no hacen concesiones y no tienen en cuenta las razones que empujan a la gente a emigrar. "Yo conocí a un hombre que llevaba 14 años viviendo en Barcelona y fue expulsado. Vino a verme y se quejó de que él hablaba en catalán, mientras que el policía que lo detuvo no sabía ni una palabra", explica el Síndic.