Un abogado pidió comisión para el PNV a una empresa por licencias de tragaperras
Olga López, una empresaria de Baracaldo (Vizcaya), recibió en 1988 una proposición para entregar 140 millones a cambio de facilitarle la concesión de 700 licencias para explotar tragaperras, según declaró ayer ante el juez instructor del sumario del juego. La mitad del dinero, 70 millones, iría a las arcas del PNV, y la otra mitad sería para los intermediarios, entre los que figuraban el abogado Antonio Fontán e Iñaki Goiri, director de Hacienda de la Diputación de Vizcaya.
La operación no llegó a cerrarse, después de tres reuniones con el director de Juego y Espectáculos del Gobierno vasco, José Joaquín Portuondo, porque éste, según la testigo, temía la repercusión pública de la salida al mercado de un paquete de licencias de tanta envergadura. Portuondo confirmó en su comparecencia ante el juez, el 29 de abril pasado, la existencia de las tres reuniones, pero aseguró haber descartado la posibilidad de conceder las licencias desde el primer encuentro.El portavoz de la dirección del PNV, Joseba Eguibar, pidió ayer el total esclarecimiento de los hechos y negó que su partido haya "recibido nunca ni un duro de la trama del juego". Eguibar emplazó al juez a depurar las responsabilidades que puedan existir si se demuestra que alguna persona ha utilizado las siglas del PNV para pedir comisiones.
El abogado Fontán, que también declaró ayer ante Ricardo Prada, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, negó haber efectuado o tenido conocimiento de ninguna petición de comisiones ilegales durante su intervención en las conversaciones entre los maquineros y Portuondo, que calificó de estrictamente profesional. También desmintió las acusaciones de Olga López su ex marido y antiguo socio, Arseli García.
Olga López era en 1988 copropietaria junto a su ex marido de Recreativos García. Esta firma intentó hacerse con un importante paquete de tragaperras mediante el pago a la Diputación de Vizcaya de actas de infracción fiscal correspondientes a cuatro años antes, no abonadas por sus titulares.
Cuenta en Suiza
Olga López y Arseli García, su marido, entraron en contacto con el abogado Antonio Fontán para que les asesorara en la operación, según declaró la mujer al juez. Fontán les puso en contacto con el director de Hacienda de la Diputación de Vizcaya, Iñaki Goiri. Ambos consideraron factible el proyecto siempre que el matrimonio aceptara pagar a través de una cuenta bancaria suiza una comisión de 200.000 pesetas por licencia conseguida. 100.000 pesetas serían para el PNV y el resto "a repartir" entre los participantes en los trámites, según detalló Olga López ante el juez.El juez Prada abrió la investigación tras una denuncia de ESAN (Sindicato Progresista de la Ertzairitza) contra José Joaquín Portuondo. Más tarde, 157 ciudadanos presentaron una querella por prevaricación y estafa contra el director de Juego del Gobierno vasco y se constituyeron en acción popular. El juez autorizó el pasado mes de abril la personación en la causa de Eusko Alkartasuna (EA), partido que promovió sin éxito una comisión investigadora sobre las tragaperras en el Parlamento de Vitoria.
