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Tribuna:EXPULSIONES DE INMIGRANTES ILEGALES

Los nuevos esclavos

Recuerdan los autores del texto, en el que piden una nueva ley de extranjeros, que suele decirse que Atenas ha sido la cuna de la democracia moderna. Es algo que nadie puede poner en duda, pero se olvida que vino acompañado del estigma de la esclavitud y de la pobreza de amplias capas de la población.

Junto a los ciudadanos libres, titulares de derechos de participación en los asuntos públicos de la ciudad-Estado, estaban los esclavos y los pobres -10 veces más numerosos-, despojados de libertad y de los derechos reales más elementales de la persona. Cuando Aristóteles legitimó la democracia como la menos mala de todas las demás malas formas de gobierno, que más tarde parafrasearía Churchill, lo hizo frente a las formas despóticas y oligárquicas de gobierno, sin querer justificar por la vía de la tolerancia del mal menor las discriminaciones e injusticias.Era una lacra que, al margen de cuestiones formales, ha ido asociada a la democracia a lo largo de toda su historia, hasta nuestros días, como si de una tara congénita se tratara. Ayer se llamaron esclavos; hoy, abolida aquella esclavitud, extranjeros, emigrantes, refugiados. Los nuevos esclavos de nuestro tiempo.

Son los que forman esa inmensa marcha pacífica de africanos, latinoamericanos y asiáticos que avanza hace años sobre Europa y demás países industrializados y que puede llegar a convertirse en una auténtica invasión demográfica. En 1989 sumaron 14 millones los que se desplazaron; en 1990 se esperan muchos más. Sobre suelo comunitario residen unos 13 millones, la mitad, aproximadamente, africanos y asiáticos. A esta ola migratoria hay que añadir los 15 millones de refugiados repartidos por el mundo, la mayoría de ellos, a diferencia de los emigrantes, asentados en tierras de África y Asia.

El 87% de los extranjeros extracomunitarios se hallan en Alemania, Francia y Gran Bretaña, y representan un 5,2%, 3,9% y 2,9% de sus poblaciones respectivas. Esta misma inmigración supone un 0,39% en los países mediterráneos; en España, que cuenta con unos 800.000 emigrantes, de los que cerca de 300.000 son ilegales a la fuerza, asciende a un 1,5%.

En cuanto a los refugiados y asilados, en nuestro país sólo hay 5.000 reconocidos y en los 10 últimos años hemos recibido unas 30.000 peticiones de este tipo, la mitad que Francia en el año 1989, que tuvo más de 60.000.

Algunos ven el fenómeno como el nuevo fantasma que recorre Europa. Un fenómeno que nace con la crisis económica de los años setenta y se desarrolla con el boom económico de los países industrializados y el empobrecimiento del Tercer Mundo, con el descenso demográfico del Norte y el imparable incremento de la población del Sur. Una dinámica que empuja necesariamente a las poblaciones del Sur hacia el Norte.

Dominio tecnocrático

Las sociedades europeas, sin embargo, no están preparadas para responder con solidaridad a este reto de nuestro tiempo. Viven demasiado uniformadas en lo cultural, demasiado cómodas y confortables en su prosperidad, demasiado dominadas por los tecnócratas. Se sienten amenazadas por esta cohabitación ascendente de nacionales y extranjeros, ricos y pobres, pobres de dentro y pobres de fuera, y temen que se rompa el actual orden establecido. Han aparecido ya los viejos y nuevos demonios de la xenofobia y del racismo. No hay más que ver los recientes acontecimientos acaecidos en algunos países europeos, entre ellos en la siempre temida Alemania unida y hasta en esa tierra prometida del asilo y de la hospitalidad que se llama Francia. Un nacionalismo xenófobo europeo, bajo el que subyace otro opuesto a esa nueva Europa gobernada por fuerzas lejanas y desconocidas, en la que se desvanecen algunas identidades tradicionales.

Las reacciones de los Gobiernos y de muchos políticos europeos son realmente preocupantes. Hablan del "umbral de la tolerancia". En vez de esforzarse en formar a las poblaciones europeas en la solidaridad y de promover programas de ayuda y de cooperación en favor del Tercer Mundo, capaces de sacar, a estos países de la postración económica y del desbocado crecimiento demográfico en que viven, ceden ante el empuje y las exigencias de los movimientos xenófobos y racistas de ultraderecha y de cierta opinión pública insolidaria o asustada. Hacen suyas algunas posturas de éstos, bajo pretexto de impedir su carrera ascendente hacia el poder, sin advertir que con ello ya les están colocando en el poder.

Ahí tenemos los ejemplos recientes de las concesiones de los socialistas franceses a la derecha en la Mesa Redonda sobre la Emigración y la resolución de los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Comunidad, que ha reavivado la polémica entre el Consejo de Ministros y la Comisión, contraria a la misma, dirigida a proteger a los nacionales comunitarios contra el racismo y la xenofobia, con exclusión de los emigrantes provenientes del Sur, que son los que constituyen el verdadero problema. La explicación de que la protección de éstos queda a cargo de los Gobiernos nacionales supone una buena dosis de hipocresía, al ver la política que siguen los Gobiernos nacionales con los emigrantes refugiados. Las declaraciones del ministro de Trabajo español con ese mismo motivo resultan también cínicas cuando contemplamos la política de devoluciones y de expulsiones que llevan a cabo las autoridades españolas, así como la negativa sistemática de legalizar a los emigrantes y a los refugiados denegados, en aplicación de una ley de extranjería carente de la más elemental seguridad jurídica de los derechos de los extranjeros.

Derecho de asilo

Este mismo mes de junio la Comunidad Económica Europea y los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de Francia y del Benelux se disponen a aprobar la Convención comunitaria sobre el derecho de asilo y los acuerdos de Schengen, respectivamente. La primera atribuye a un solo Gobierno comunítario, en nombre de todos ellos, la responsabilidad de examinar y decidir sobre las peticiones de refugio, sin posibilidad de apelación. Los acuerdos del conocido grupo de países reunidos por primera vez en Schengen tratan de establecer medidas de. cooperación entre las policías y las autoridades de esos países, controlar sus fronteras exteriores, imponer visados comunes y aplicar el sistema de información llamado de Schengen, a fin de ejercer un control férreo sobre los movimientos de extranjeros, sean emigrantes o refugiados. Un paso más en la construcción de esa gran muralla europea que nos defienda del peligro africano, asiático o latinoamericano que, según nuestros gobernantes, nos acecha. Todo ello, además, al margen de los Parlamentos nacionales y europeos y de la opinión pública. El Parlamento español y los partidos políticos deberían tomar cartas en el asunto.

División profunda

El final de la confrontación entre el Este y el Oeste ha hecho más patente la división profunda entre el Norte y el Sur. Las migraciones masivas que conocemos y los millones de,refugiados existentes en el mundo no son sino la punta del iceberg de la dramática situación de ese Sur hundido en la más inhumana pobreza y subdesarrollo y gobernado en muchos casos por regímenes despóticos. Las actuales medidas autodefensivas de contención y de expulsión de estos extranjeros adoptadas por Europa, sin hacer gran cosa para poner remedio a las causas de la pobreza y de la existencia de esos regímenes, no hacen sino favorecer el asalto de las poblaciones del Sur sobre los países industrializados. Tienen derecho a comer y a vivir en paz.

Europa y, en general, los países del Norte, cuya prosperidad y bienestar tanto deben al Sur, deben abandonar esa política de parches a la situación de los países pobres y articular urgentes y prioritarios programas de ayuda y de cooperación y de transferencia de tecnología capaces de generar el autodesarrollo del Tercer Mundo. Sin que la necesaria ayuda a los países del Este lo impida y, menos aún, sirva de pretexto para perpetuar el statu quo de los países más pobres.

Al mismo tiempo, hay que informar limpiamente y educar en la solidaridad a la opinión pública, sin cuyo concurso no es posible hacer frente al problema, en vez de presentar a los extranjeros como delincuentes, drogadictos y usurpadores del trabajo de los nacionales o como una amenaza de la identidad nacional.

Podemos afirmar con satisfacción que la opinión pública española conserva una buena salud a este respecto. Una reciente encuesta del CIS ha demostrado que el 66% de los españoles son partidarios de regular la situación legal de los 300.000 ilegales existentes en España, en contra de las expulsiones, y el 76%, de que se debe acoger a los refugiados que lleguen, vengan de donde vinieren. La actual política del Gobierno español, pues, en lo que concierne a estos aspectos, tanto la comunitaria como la nacional, está en contra de esta opinión de la mayoría de los españoles. Ahora que España se prepara para celebrar el V Centenario, deberá de cumplir un deuda de justicia con los países latinoamericanos, que tan hospitalarios han sido siempre con los españoles, y de solidaridad con todos los pueblos del Sur, legalizando a todos los que se encuentran en situación ¡legal, humanizando su política con los emigrantes y refugiados y aprobando una nueva ley de emigración más concorde con las exigencias de los derechos y libertades de la persona y de los pueblos.

Juan José Rodríguez Ugarte es secretario general adjunto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Diego López Garrido es vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 1990