La nueva ley del impuesto sobre la renta modificará el tratamiento del delito fiscal

El Gobierno pretende modificar el tratamiento del delito fiscal en la reforma fiscal en marcha. Esta modificación ya se ha introducido en el último borrador del IRPF que ha elaborado el Ministerio de Economía y Hacienda, y que, como otros textos anteriores, está sujeto a ulteriores variaciones. El objetivo de esta modificación es acentuar la credibilidad de la lucha contra el fraude fiscal.Una de las alternativas que se barajan es la de que el delito fiscal tenga un tratamiento único con independencia de la cuantía defraudada. El tratamiento de la ocultación fiscal contempla ahora dos vías, según se haya defraudado más o menos de cinco millones de pesetas. Sólo cuando el fraude en la cuota supera los cinco millones se puede incurrir en delito fiscal, mientras que si la cantidad es inferior se sanciona sólo por vía administrativa.

Esta diferencia de trato, que perseguía castigar menos a los ciudadanos que también hubieran defraudado menos, ha tenido, en la práctica, resultados opuestos a los buscados. En la actualidad resulta más ventajoso para el defraudador superar los cinco millones de pesetas e ir, por tanto, por la vía penal. Esta última es mucho más lenta que la administrativa y no exige la aportación de un aval.

La nueva regulación del delito fiscal, además de no diferenciar a los defraudadores en función de la cuantía, introducirá, como agravantes del delito, los métodos contables o de otro tipo que se hayan utilizado para ocultar la renta o el patrimonio del contribuyente.

Otra de las modificaciones que introduce los últimos documentos que maneja Hacienda es el mantenimiento del 2% del valor de la vivienda propia como parte de la renta, mientras que uno de los borradores anteriores preveía la eliminación de este 2% como renta. Hacienda respondió ayer a la publicación de varios borradores de la nueva ley del IRPF en cuatro medios de comunicación asegurando que "el Ministerio no ha concluido todavía la fase de consultas previas a la elaboración del proyecto de reforma fiscal y, en consecuencia, sigue receptivo a las diversas aportaciones que surjan de este proceso".

En la misma línea se manifestó ayer la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde. En su opinión, "es obligación del Gobierno preparar un primer borrador para presentar a los sindicatos en la mesa de negociación".

La existencia de un texto escrito no prejuzga, a juicio de la ministra, "la negociación ni con as fuerzas sociales ni con los grupos parlamentarios". "En todo acuerdo se necesita un proyecto básico sobre el que se pueda consensuar", aseguró Conde, para quien "en el IRFP queda todo por negociar".

La necesidad de ese texto básico tampoco implica, según aseguró la ministra, que el Gobierno tenga intención de llevarlo a la mesa de negociación con las fuerzas sociales. "No hemos renunciado a nada sino que estamos agílizando los trámites para poder dar profundidad al debate del IRPF con Comisiones Obreras y UGT".

Precisamente ayer, "el consejo de ministros comenzó a debatir las grandes líneas de la reforma fiscal en marcha, aunque sólo liemos estudiado las primeras pinceladas de la reforma del IRPF, puntualizó la ministra.

El consejo de ministros retomará el próximo viernes la discusión de Ias grandes líneas" de la reforma, para remitir después "el proyecto básico" a la comisión de subsecretarios.