Los jueces de Sevilla deciden hoy que el Juzgado número 6 se ocupe sólo del 'caso Guerra'

La junta de jueces de Sevilla se reunirá hoy para decidir sobre "la liberación parcial o temporal del reparto de asuntos" para el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, que instruye la querella de Izquierda Unida contra Juan Guerra, según informó ayer el juez decano de Sevilla, Alfonso Martínez Escribano. En este sentido, los portavoces de Izquierda Unida y de Eusko Alkartasuna pidieron que el Pleno del Congreso apruebe la constitución de una comisión de investigación "que proceda al estudio de los denominados casos Guerra y Naseiro".

Esta reunión está motivada por el acuerdo de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se dejó en suspenso una petición de nombramiento de un magistrado en comisión de servicio, que auxiliara al titular de Instrucción número 6, Ángel Márquez Romero.Respecto a la Investigación de la querella de W, ayer prestaron declaración ante el juez otras dos personas. Antonio Luque -amigo personal del socio principal de Juan Guerra, Francisco Javier López Martín- explicó los préstamos que realizó a este último, uno de los cuales, de 20 millones, sirvió al parecer para la adquisición de la finca La Carrascosa.

También declaró José García Serrano, ex técnico del IARA, y socio de Juan Guerra en Construcción Modular Andaluza S A. García Serrano se encuentra también involucrado en una investigación que lleva a cabo la Junta de Andalucía por presunta incompatibilidad de su cargo en el IARA con su actividad en la empresa Estudio 4.

Presunta corrupción

Por otra parte, el Congreso revivirá de nuevo el debate sobre la presunta corrupción política ante la iniciativa firmada ayer por el portavoz de IU, Nicolás Sartorius, y de EA, Joseba Azkárraga. Estos portavoces pidieron que el pleno del Congreso apruebe la constitución de una comisión de Investigación "que proceda al estudio de los denominados casos Guerra' y Naseiro". Estos diputados argumentan su propuesta 11 a la vista del incumplimiento del acuerdo del pleno de la Cámara de 13 de febrero de 1990 sobre asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias", informa Anabel Diez.De esta manera, tanto Izquierda Unida como Eusko Alkartasuna, ponen de manifiesto su discrepancia absoluta con la solución que se ha dado al dotar a la comisión del estatuto del diputado de unas normas que consideran restrictivas, toda vez que se ciñen a la actuación de los parlamentarios en el caso de que hagan uso de su condición para beneficiarse económicamente. En estos supuestos no entrarían los casos antes citados.

Los portavoces del resto de los grupos parlamentarios acogieron con cierta sorpresa esta iniciativa, principalmente el Grupo Socialista, que prefirió no emitir una opinión de momento, mientras que el portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, dijo que su grupo "no tenía inconveniente" en que se admitiera esta propuesta.

El portavoz del CDS, Alejandro Rebollo, apeló ayer a la decisión que tomen los jueces para después, si fuera necesario, pedir responsabilidades políticas.