Peces para enseñar a pescar

, "Hay que enseñar a pescar y no dar el pez", dijo Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales. Se refería, hace un año, a la implantación de un salario social -conocido también como ingreso mínimo de integración- en el País Vasco. La ayuda -30.000 pesetas o más-, inscrita dentro de un Plan de la Pobreza, se destinaba a núcleos familiares indigentes, a cambio de un compromiso de inserción social. Según la ministra, este ingreso consolida la marginación. Un año después, Asuntos Sociales sigue en sus trece, aunque el panorama ha cambiado sensiblemente.

Cuando concluya 1990, los ciudadanos más desfavorecidos de 10 comunidades -donde habitan 77 de cada 100 españoles- tendrán derecho a una renta de unas 30.000 pesetas, si los plazos se cumplen. En ellas hay gobiernos de todo signo, desde socialistas (Madrid, Andalucía) hasta nacionalistas (Cataluña) y conservadores (Cantabria), urgidos por su oposición y los sindicatos mayoritarios. En el resto de España hay acuerdos más o menos desarrollados y declaraciones para poner en práctica tal medida. Sólo Baleares se resiste. El reto que los implicados señalan es si podrán implantarse los mecanismos para que, aparte de recibir peces, los indigentes puedan aprender a pescar.Tan cerca como la semana pasada, el consejero de Trabajo de la Xunta de Galicia, Manuel Pérez, se mostró favorable, ante las peticiones de los sindicatos, al salario social para Galicia, según informa Xosé Hermida. Sería la penúltima comunidad en pronunciarse sobre esta medida, una de las cinco que preveen implantar esta renta más allá de 1990. Además de Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Asturias han acordado trabajar sobre ello. Sólo restaría Baleares, una comunidad donde el rico municipio de Calvia dispone de salario social, pero cuyo Gobierno ha rechazado la propuesta de la oposición sobre la renta de integración, informa Andreu Manresa. El salario social tiene ámbito europeo y de él disfrutan ciudadanos de ocho países de la Comunidad Europea. Portugal, Italia y Grecia son las naciones que no cuentan con la ayuda.

Dos millones de indigentes

"Evidentemente, hay que enseflar a pescar, pero mientras tanto hay que proporcionar peces", replica el diputado foral de Guipúzcoa Javier Garayalde, tras un año de experiencia vasca. La Unión General de Trabajadores estima en más de cuatro millones los afectados de pobreza severa en España y un estudio encargado por la Comunidad Europea, basado en los diagnósticos de pobreza de las diferentes comunidades, señalaba una cifra de dos millones de indigentes reales.

"El salario social ha sido un gran elemento paliativo de la pobreza", dice Garayalde, de Euskadiko Ezkerra (EE), responsable del Plan de la Pobreza Vasco en Guipúzcoa, implantado en marzo de 1989. A un año vista, las deficiencias estriban en que "ha habido falta de información, el plan no llega a todos los posibles beneficiarios. Todavía se está incorporando gente". La difusión fue mayor en las zonas con una red de servicios sociales más completa.

Quedaron fuera, por no cumplir los requisitos, las familias encabezadas por una mujer separada, lo que se corrigió en la ley aprobada recientemente por el Parlamento vasco, recuerda Garayalde. En un año 35.000 personas se han beneficiado del plan, bien en forma de salario social o con ayudas de emergencia. Once de cada 100 beneficiarios renunció al salario por haber salido de la marginación. El porcentaje de cumplimiento sobre los 5.500 millones presupuestados fue del 55%. Se han previsto 6.050 millones para el segundo año.

No se cumplió, "por no existir un plan organizado en todos los sitios", dice Garayalde, los cursos y tareas de reinserción que deben seguir los beneficiarios. Este hecho, el que los servicios sociales puedan afrontar la integración de los indigentes, es cuestionado por Victor Renes, responsable de Estudios de Cáritas, entidad que destinó 8.476 millones de pesetas a intervenciones sociales en 1989. Incidir sobre la inserción "es muy complejo, ya que es intervenir sobre la política de vivienda, el empleo y los servicios sociales". "Se corre el riesgo de que la renta mínima sea un política de imagen de los Gobiernos autónomos. La parte dificil es la de inserción", apostilla Eduardo Rojo, catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad de Barcelona y estudioso del tema.

Red de servicios sociales

"La universalización de los servicios sociales es bastante más costosa de lo que supondría la implantación de un salario circunscrito a un número limitado de ciudadanos", afirma un portavoz de Asuntos Sociales, defendiendo la red de servicios sociales -albergues y centros de servicios sociales-, concertadas con todas las comunidades autónomas -salvo el País Vasco-. Con esta red financiada a partes iguales por el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y los Ayuntamientos, se atendió en 1989 a 45.000 personas, con 10.348 millones de crédito. Estas administraciones firmarán a finales de mes de junio un mapa de servicios sociales a desarrollar en cinco años y que consumirá unos 90.000 millones de pesetas.

Fuentes socialistas señalan, por otra parte, que la ministra de Asuntos Sociales se ha empeñado en mantener la postura inicial de hace un año. "En Madrid se utilizará la misma red de servicios sociales para implantar el salario social", señala Elena Vázquez, también socialista, el alter ego de Matilde Fernández en Madrid, comprometida ante UGT y CC OO a que más de 20.000 familias madrileñas se sostengan así antes de fin de año. La consejera señala así la idea de la complementariedad de todas las medidas y recalca, contestando a la ministra, "conviene ir almorzado a pescar". "No hay tensiones en el PSOE por esta causa", afirma Elena Vázquez, justificando la discrepancia Gobierno cantral-Gobiernos regionales, que han adoptado la medida urgidos por UGT y CC OO y la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP), además de por las oposiciones políticas.

Algo parecido ocurre en el PP. Paradójicamente hermanado con Matilde Fernández en la afirmación "creemos que el salario social margina más que soluciona" está el Partido Popular,