Tres juzgados valeancianos investigan casos de presuntas corrupciones que implican al PSOE

Tres jueces valencianos -Juan Climent, Carmen Soriano y Luis Manglano- tramitan diligencias sobre presuntos delitos cometidos por cargos socialistas o funcionarios de administraciones gobernadas por el PSOE. Climent investiga un posible cohecho del ex conseller de Obras Públicas Rafael Blasco. Soriano estudia las querellas de CDS e IU contra el presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela, por conceder a sus empresas créditos de la Caja Provincial, que preside. Manglano tramita diligencias contra dos funcionarios de Obras Públicas que pidieron dinero a dos empresarios a cambio de facilitar una recalificación.

Las diligencias tramitadas por el juez Manglano sobre presuntos cohechos cometidos por miembros de Partido Popular (PP) contienen referencias al denominado caso Blasco. "Pues que le han pillado en una recalificación pidiendo un peaje, pero seguramente era particular. Pero él tenía ya muchos peajes, por lo tanto ahí lo sabían... Ha sido putada entre ellos para agarrarse a la línea...". Con estas palabras, Salvador Palop explicaba a Ángel Sanchis el denominado caso Blasco.El fiscal jefe del Tribunal Superior valenciano, Enrique Beltrán, presentó una querella contra Rafael Blasco y otras cinco personas el pasado mes de enero por un delito de cohecho. Según Beltrán, el consejero pudo propiciar irregularidades en la subasta de unos terrenos públicos situados en el término municipal de Paterna (Valencia). No se trató de una recalificación como creía Salvador Palop. Los terrenos salieron a la venta por un precio muy inferior al real. Dos empresas, una próxima a los socialistas y otra cercana a UGT, optaron primero a un concurso y después a una subasta para hacerse con la propiedad de esos terrenos. Tras salir a la luz pública las presuntas irregularidades, fundamentalmente el gran abaratamiento del precio, la subasta quedó desierta.

Salvador Palop aseguró en su conversación con Angel Sanchis que los dos hermanos de Rafael Blasco también habían cobrado peajes. Estos dos hermanos son Jordi Blasco, que fue diputado en el Congreso en la anterior legislatura, y Francisco Blasco, presidente de la Diputación de Valencia.

La investigación fiscal se basó, como en el caso Naseiro, en escuchas telefónicas. Como en el asunto que afecta al PP, la policía buscaba datos sobre otro asunto, el caso Calpe, pero se encontró con las supuestas irregularidades de la subasta. En el caso Calpe, que tramita ahora el juez Manglano, aparecen implicadas cuatro personas, dos de ellas funcionarios de la Consejería de Obras Públicas: Inmaculada Sancho y Rubén Muñoz. Según los dos empresarios que denunciaron estos hechos, los dos funcionarios les solicitaron 300 millones de pesetas por facilitar una recalificación de terrenos en Calpe (Alicante).

La salida a la luz pública de este caso, hizo saltar por los aires el pasado mes de enero un pacto secreto ante notario que regía en este municipio turístico. La socialista Violeta Rivera es la alcaldesa y hasta enero la avalaba un pacto ante notario entre PSOE, PP, CDS y Unión Valenciana, según el cual el concejal que rompiera el acuerdo debía pagar 20 millones de pesetas.

El tercer caso afecta al presidente de Diputación de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela. CDS e Izquierda Unida han presentado querellas contra él. Según los querellantes, Valenzuela, que también preside la Caja de Ahorros Provincial de Alicante (CAPA), aprobó créditos de más de 123 millones para las empresas de su propiedad, Gráficas Díaz, SL, y Encuadernaciones Moscú, SL. Estas empresas imprimieron las papeletas de las elecciones, y realizaron trabajos para la CAPA y el Ayuntamiento de Alicante.

El caso de Ródenas

Estos tres casos siguen su tramitación, mientras un fleco del caso Naseiro, que implicaba a la alcaldesa socialista de Valencia, Clementina Ródenas, ya ha sido archivado por el juez Manglano. En una conversación entre los concejales populares del Ayuntamiento de Valencia José Luis Olivas y Salvador Palop se hacía referencia a una supuesta comisión cobrada por Ródenas que había ido a parar al partido.Ésta fue una de las evocaciones a las actuaciones de otros partidos. Una persona relacionada con la investigación comentó al final de los interrogatorios a los seis detenidos por Manglano: "Sería injusto que este caso sólo perjudicara al PP". Posteriormente, un abogado, Javier Boix, se ha convertido en el defensor de dos casos con similitudes: Rafael Blasco y Rosendo Naseiro.