Las normas para investigar casos de corrupción política, en punto muerto

, La regulación de las normas de la Comisión del Estatuto del Diputado al objeto de que en ese ámbito puedan investigarse presuntos casos de corrupción política quedó ayer en punto muerto al posponerse una semana más su aprobación. El presidente del Congreso, Félix Pons, mantendrá durante esta semana entrevistas con los portavoces políticos para buscar una base de acuerdo.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la idea del presidente es la de utilizar esa comisión exclusivamente para posibles vulneraciones del artículo 17 del reglamento de la Cámara, que dice lo siguiente: "Los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional".

Esta tesis es la que va a defender Pons ante los portavoces, y no parece que quedan muchas variantes en esta materia. Así las cosas, aunque no hubiera unanimidad, la Mesa del Congreso aprobaría la próxima semana unas normas aunque sólo fuera con los votos de los socialistas. Los miembros de la Mesa de IU, del PP y de CIU -José Luis Núñez, Federico Trillo y Josep María Trías de Bes- votarán en contra de esta posición dado que a su juicio poco tienen que ver con las iniciales funciones investigadoras de las que se iba a dotar a esta comisión.

Guerra y Naseiro

Estos portavoces consideran que la literalidad del artículo 17 del reglamento restringe mucho el campo de acción ante la dificultad de encontrar casos en los que un diputado haya utilizado su condición de parlamentario para obtener beneficios mercantiles y desde luego al alejarse de las características que han rodeado los casos Guerra y Naseiro. Estos supuestos fueron precisamente los que incitaron a buscar un ámbito de investigación en el Parlamento.

Otro punto fundamental de conflicto es el de si esta comisión debe operar de acuerdo con la representación que cada grupo tiene en la Cámara. Los socialistas creen necesario que se haga uso de la mayoría para que puedan rechazarse los casos "manifiestamente infundados" y evitar que esta comisión se convierta en una suerte de "comisaría parlarnentana". Esto significa que se introducirá el voto ponderado cuando tanto el portavoz del CDS, Alejandro Rebollo, cuya iniciativa dio lugar a que se remitieran estos casos a la comisión del Estatuto, como el portavoz de CiU, Miquel Roca, defendieron con ardor la idoneidad de esta comisión por la facilidad que daba este ámbito al no operar el sistema de mayorías o minorías.