Pagarés para todos

El contencioso entre la Hacienda central y la del País Vasco por las emisiones de pagarés forales ha terminado en la firma de un armisticio. Tras un año de agrias acusaciones, la semana pasada se firmó en Madrid un acuerdo que supone el reparto de un mercado de seis billones de pesetas. Un importante volumen de dinero negro del que ambas administraciones podrán seguir cobrándose lo que no ingresan por la vía de los impuestos. La posibilidad de que se eliminen en el futuro todas las emisiones públicas opacas al fisco no ha quedado cerrada, como tampoco que con ello se abra el camino a una regularización que permita un sistema fiscal más equilibrado.

El acuerdo firmado el pasado miércoles en Madrid tuvo un precedente que pasó prácticamente inadvertido. En la primavera de 1989 se llegó a un compromiso entre la Hacienda central y la vasca por el que se acordó un intercambio de información sobre titulares de cuentas bancarias y para limitar las emisiones de pagarés sin retención fiscal.Cuando los técnicos de ambas Administraciones concretaban el contenido del acuerdo y se hacían los preparativos para la foto correspondiente, el país entero se había convertido en un hervidero de rumores sobre la posibilidad (le unas elecciones anticipadas. Días después, el presidente del Gobierno, Felipe González, convertía el rumor en noticia al no descartar una próxima convocatoria ante las urnas.

En este clima no parecía muy conveniente que el dinero negro se convirtiera en tema de debate, ni que dos partidos contrincantes se dieran la mano. Al mismo tiempo, la Administración central seguía con la batalla jurídica y presentaba un nuevo recurso contra los pagarés vascos. El resultado fue que el principio de acuerdo se quedó en agua de borrajas para dar paso a la apertura de hostilidades.

Por aquellas fechas, el Ministerio de Economía y Hacienda estaba sumergido en la elaboración del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas, que nació con una vocación de provisionalidad que durará tres años.Al hilo de este debate, el Gobierno discutió la conveniencia de una regularización fiscal. La fórmula era hacer aflorar el dinero negro con una tributación reducida o lanzar una emisión jumbo de un activo público con una baja remuneración.

La idea de fondo era aprovechar la segunda reforma fiscal española para sanear un sistema que sigue cojeando del mismo pie: las rentas; del trabajo tributan hasta la última peseta, mientras las del capital no contribuyen al esfuerzo de todos en la misma medida.

En la primera reforma, la del año 1978, el Gobierno de UCD dio una amnistía fiscal, ya que antes casi nadie pagaba impuestos. Diez años después, la situación había cambiado -ahora unos pagan y otros no, precisamente los que más ganan-, por lo que un perdón generalizado adquiriría la categoría de escándalo público.

Aquello coincidió con el descubrimiento tardío por parte de Hacienda de una bolsa de dinero negro concentrado en las pólizas de seguro de prima única, que llevaba ya tres años reportando grandes beneficios a las entidades financieras. Con esta baza en la mano, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, consiguió parar en el Gobierno las posturas favorables a una regularización fiscal.

Debate caliente

Con la nueva reforma del impuesto sobre la renta y el patrimonio ahora en cocinas, la regularización fiscal ha vuelto a calentar el debate. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, a juzgar por sus declaraciones públicas, sigue en sus trece de no perdonar ni una peseta a los defraudadores.También se ha declarado partidario de no eliminar la actual opacidad fiscal de los pagarés del Tesoro, en contestación pública a una idea lanzada por el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, que sí se mostró favorable a su desaparición a medio plazo, una vez reformado el mercado de la deuda pública.

Borrell defiende que los pagarés del Tesoro llevan en su pecado la penitencia, es decir, no tributan pero su remuneración es más baja que la de otros activos en el mercado. No ocurre lo mismo, según ha señalado, con los pagarés forales, cuyos beneficios se reparten en el juego de la intermediación financiera, además de costar dinero al resto de los ciudadanos del Estado.

Sin embargo, el compromiso alcanzado con el Gobierno vasco sobre los pagarés forales deja abierta esta posibilidad. El acta del acuerdo firmado la pasada semana en Madrid señala que "en el supuesto de que en virtud de ley se modificase la naturaleza actual de los pagarés del Tesoro, por las instituciones competentes de los territorios históricos se promulgarán las normas que establezcan idénticas medidas para los pagarés forales".

El responsable de la Hacienda vasca, Alfonso Basagoiti, se felicita de este acuerdo y se muestra favorable a la eliminación de la opacidad fiscal para cualquier activo público, pero siempre en igualdad de condiciones entre las emisiones vascas y los pagarés del Tesoro.

"El Estado empezó sus emisiones de pagarés en el año 1982 por razones coyunturales sin embargo, nosotros no lo hicimos hasta 1985, cuando el volumen de dinero adquirió importancia y porque nuestroconcierto establece unas reglas del juego sobre la base de un equilibrio financiero", según afirma.

También se muestra partidario de una regularización fiscal si se quiere ir hacia una total transparencia en el sistema financiero. Su razonamiento, compartido por otros expertos, es que la liberalización de los movimientos de capitales en la Comunidad Europea puede suponer una vía de escape para el dinero incontrolado.

Con esta perspectiva cada vez más inmediata, las rentas del capital tendrán que tributar más moderadamente, según indican los estudios comparativos, lo que puede convertir a España en un paraíso para los más afortunados.

Milagros

Otro de los argumentos es que con un nivel de dinero negro que entre el sector financiero y el inmobiliario puede alcanzar los 10 billones de pesetas, la reforma fiscal ahora en ciernes puede nacer tocada de salud. El sistema puede hacerse más progresivo pero, si la inspección no hace milagros -algo en lo que confía el Ministerio de Hacienda-, lo será más cuanto mayor sea el número de contribuyentes.