Solchaga quiere modernizar la economía reduciendo a la mitad el crecimiento de la inversión pública y privada

La economía española tendrá que afrontar la integración en el mercado único europeo de 1993 mediante una reducción drástica de la demanda interna, la recuperación de las exportaciones y la eliminación del diferencial de inflación con la CE. El rigor presupuestario que impone un objetivo de déficit público no financiero cero en 1992 y el mantenimiento de la política monetaria restrictiva serán los instrumentos que permitirían recuperar la pérdida de competitividad de la economía española, cifrada en 5,5 puntos desde la integración de España en la CE.

Éstas son las principales conclusiones del documento titulado Avance de los escenarios macroeconómicos y presupuestarios, elaborado por el Ministerio de Hacienda y que fue presentado anteayer en Valencia a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Este documento aún puede ser modificado hasta su aprobación por el Gobierno en fechas próximas y su objetivo es servir de base para el pacto de competitividad.Recuperar la competitividad de la economía española pasa por reducir a casi la mitad el crecimiento de la demanda interna, que pasaría del 7,7% registrado el pasado año al 4,2% en 1993. Esta reducción será más acusada en la formación bruta de capital (del 14,7% al 6,5%) y, dentro de ella, en la inversión privada (del 14,2% al 6%), mientras que la pública lo hará en menor medida (del 17,6% al 9%).

No obstante, se espera mantener el ritmo de crecimiento económico que pasaría del 4,9% el pasado año al 4,5% en 1993, con una inflexión en 1991. Según el documento, "con una tasa de desempleo todavía muy alta, la economía española necesita crecer a medio plazo a tasas elevadas".

Para alcanzar este grado de crecimiento económico, descrito como "sostenido, equilibrado y redistributivo", se confia en un fuerte incremento de las exportaciones (del 4,4% en 1989 al 9,5% en 1993) y una caída de las importaciones (del 17,5% al 7,2%). De esta forma, el sector exterior pasaría de detraer 2,8 puntos al crecimiento del PIB a una aportación positiva de 0,3 décimas.

Como resultado de este enfriamiento selectivo de la economía española, el diferencial de inflación con la CE debería reducirse desde los 1,6 puntos de 1989 a cero en 1993. El repunte inflacionista en España a partir del segundo trimestre de 1988, ha coincidido con una tendencia similar en la CE por lo que Ias recientes dificultades en el control de los precios pierden parte de su dramatismo".

Salarios

En contra de reiteradas manifestaciones del ministro Solchaga, el documento señala que "independientemente de la preocupación que pueda suscitar la evolución de los salarios tras el repunte de la inflación, resulta difícil caracterizar lo acaecido durante 1988 como un episodio de inflación de costes, cuando los costes laborales unitarios crecieron apenas un 4%".Los precios se situaron en tasas medias del 5,5% y el 6% en 1988 y del 7% en 1989, "debido más bien a la presión de la demanda interna sobre una estructura productiva con un elevado grado de utilización y una acusada rigidez".

La política económica a aplicar para conseguir estos objetivos víene marcada por el mercado único europeo de 1993 y a corto plazo, por la integración en el Sistema Monetario Europeo (SME) y la liberalización de los movimientos de capitales en la CE. Con este horizonte, el documento plantea que "un sistema de cambios fijos junto con un régimen de perfecta movilidad de capitales implica la práctica imposibilidad de mantener una Política monetaria autónoma".

Los márgenes de maniobra que pueden proporcionar a corto plazo una banda de fluctuación de la peseta en el SME del 6% y la aplicación a España de la libertad de movimientos de capitales en 1992, deben ser utilizados de forma parca y sólo como último recurso en la transición hacia una integración plena en el mercado libre de capitales y en un SME que, con el tiempo, será más rígido".

En cuanto a los tipos de interés, el documento señala que "el margen de fluctuación actual del 6% es amplio como para permitir todo un abanico de tipos de interés compatible con el compromiso cambiarlo dentro del SME". Aunque, añade, la generalización en la libertad de los movimientos de capitales "cerrará otra de las vías para mantener tipos de interés no compatibles con las paridades acordadas".

Esta situación implicará, añade, dos compromisos fiscales. Por una parte y "para no interferir con la función de la política monetaria de asegurar la validez de nuestro compromiso cambiario, la financiación del déficit presupuestario deberá hacerse recurriendo exclusivamente al mercado de capitales".

Por otra parte, "la función estabilizadora de la política fiscal deberá, inevitablemente, cobrar un mayor protagonismo". Ello se concreta en la reducción a cero del déficit público no financiero en 1992 y su transformación a superávit del 0,1% del PIB en 1993. El camino es aumentar la participación en el PIB de los ingresos del Estado (del 21,61% al 23,45%) y un muy ligero incremento en los gastos (del 23,19% a 23,35%).

La reducción del consumo público a algo más de la mitad (del 5,5% en 1989, al 2,5% en 1993), más fuerte que la prevista para el consumo privado (del 5,5% al 3,5%), indica que los responsables de la política económica se proponen incrementar el ahorro público en mayor medida que el privado.