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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Silencio, se investiga

EL MINISTRO del Interior, José Luis Corcuera, ha atribuido a exigencias de la investigación el silencio que mantiene su departamento en torno al esclarecimiento del asesinato del diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza. La explicación del ministro es perfectamente creíble, pero a medida que pasa el tiempo sin resultados concretos sobre aquel crimen es lógico que aumenten la impaciencia y la preocupación entre quienes consideran que su impunidad sería un signo de debilidad de las instituciones democráticas.El ministro pide tranquilidad para trabajar en el caso y recuerda que sólo hace algunas semanas se han podido esclarecer crímenes cometidos por ETA hace 12 años. Pero si es deseable que ningún crimen deba esperar tanto tiempo para ser esclarecido, más lo es cuando la acción criminal lleva el signo inconfundible de la desestabilización del sistema democrático. Y el atentado que costó la vida, hace ahora cinco meses, al diputado Muguruza lleva ese signo, puesto de manifiesto tanto por la significación de la víctima como por el momento elegido para su comisión.

Cinco meses pueden ser mucho o poco tiempo, dependiendo de la complejidad de la investigación. Pero, tras el caso Brouard, tan repleto de sospechas fundadas sobre sus autores como menguado de consecuencias judiciales, y las resistancias oficiales al esclarecimiento de los GAL y sus tramas -los últimos episodios son los del comandante Masa, puesto a salvo en Bolivia de la curiosidad periodística y de la investigación judicial, y de Fernando Paesa, paseándose por Europa con pasaporte diplomático de un país amigo-, no es extraño que la desconfianza se manifieste y existan fundados temores de que a las incógnitas que pesan sobre estos hechos se añadan las del caso Muguruza. El Gobierno tiene sobre sus espaldas una grave responsabilidad en la resolución de este asunto. Están en juego la credibilidad y la eficacia de los servicios de seguridad del Estado, pero, sobre todo, la capacidad y la firmeza del sistema democrático para defenderse de los ataques de sus enemigos.

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