Contra la provocación

CUATRO DÍAS después de que un paquete bomba arrancase una de sus manos a una trabajadora de la Expo en Sevilla, otra misiva enviada por las de quién sabe qué heroico gudari mutilaba al ordenanza encargado de distribuir la correspondencia en la cárcel de Carabanchel. Un tercer envío era detectado en el Ministerio de Justicia. Nada sería tan equivocado como considerar que el hecho de que las víctimas hayan sido modestos trabajadores sea la consecuencia de un error de los terroristas, que buscarían alcanzar a otras más altas o encumbradas personas. Los que envían las mortales trampas saben perfectamente que, en caso de no ser detectadas a tiempo, estallarán entre las manos de empleados de Correos, conserjes, secretarias, funcionarios de prisiones o sus familiares.Al atentar contra funcionarios de prisiones, lo que busca ETA es provocar reacciones instintivas de temor que multipliquen los efectos propagandísticos de la acción terrorista. Si el colectivo que en un momento dado se siente objetivo singular de la amenaza responde con plantes, negativas a aplicar la política decidida, propuestas de ceder a determinadas exigencias de los terroristas, éstos no sólo habrán conseguido desviar la atención respecto al hecho evidente de que ellos son los responsables del daño causado, sino crear el desconcierto y la división en el seno de ese núsmo colectivo amenazado. Con lo que, además, se crearán las condiciones para que los terroristas reincidan sobre el mismo objetivo, a la vista del excelente fruto propagandístico obtenido.

Evitar caer en esa provocación es la primera responsabilidad de las organizaciones sindicales o profesionales de los colectivos ahora más directamente amenazados. Responsabilidad compartida por quienes tienen posibilidad de influir sobre la opinión pública. Porque debe quedar claro que no son tales o cuales colectivos, sino todos los ciudadanos, cualquiera que sea su oficio, condición, ideología, los que están amenazados por la barbarie terrorista. Dicho lo cual es preciso subrayar que también la Administración está obligada a contribuir, mediante la adopción de razonables medidas de seguridad, a desactivar ese mecanismo de provocación.