10 municipios denuncian al Defensor del Pueblo los vertidos de la ciudad de León

Diez alcaldes y presidentes de juntas vecinales de otros tantos pueblos limítrofes con León capital han denunciado en la oficina del Defensor del Pueblo los graves riesgos sanitarios y pérdidas económicas que, según ellos, está causando el vertido de aguas residuales en el río Bernesga, cuyo cauce es calificado de "zona biológicamente muerta" en un tramo de varios kilómetros, de acuerdo con informes de la universidad de León y de la Diputación provincial.Los pueblos afectados, que piden también la intervención de la Fiscalía General del Estado, alegando ser víctimas de "un delito ecológico grave", han presentado informes técnicos en los que se asegura que cada año durante las épocas de estiaje más del 80% del agua que baja por el Bernesga procede de las cloacas de León, sin ningún tipo de depuración previa y con un caudal contaminante de aproximadamente 700 litros por segundo.

Los municipios con mayores problemas (Vega de Infanzones, Villaturiel y Onzonilla) aportan también análisis y mediciones de agua realizados por la Escuela-Taller Provincial de Medio Ambiente, en los que se certifica que el contenido de oxígeno en los tramos de río más próximos a León "es cero", lo que impide todo tipo de vida fluvial, además de contaminar los terrenos de regadío y generar olores pestilentes. Los mismos representantes vecinales justifican su denuncia ante el Defensor del Pueblo en la ineficacia de protestas anteriores "por los cauces administrativos ordinarios".

El Ayuntamiento de León se había comprometido hace más de un año a construir con urgencia una gran estación depuradora de aguas residuales, pero el proyecto se encuentra semiparalizado por problemas burocráticos y de financiación.

Protestas vecinales

Además de las aguas fecales de León capital, el río Bernesga recibe los vertidos contaminantes de la mayor factoría española de penicilinas, propiedad de Antibióticos, SA, cuyos responsables han pedido tiempo para construir sus propias instalaciones de depuración con un presupuesto superior a 2.000 millones de pesetas. Este último compromiso fue pactado el verano pasado entre la empresa y los municipios afectados, después de varios días de protestas vecinales frente a la fábrica. Tampoco esta depuradora privada ha entrado aún en funcionamiento.