El plan vasco de la pobreza beneficia en su mayor parte a quienes recibían ayudas de Cáritas

El plan de la pobreza puesto en marcha hace un año por el Ejecutivo vasco ha absorbido casi en su totalidad a las personas acogidas a las ayudas prestadas por Cáritas Diocesanas, a quien ha dejado sin clientela. Pero el plan gubernamental, que ha ayudado a 35.000 personas, apenas ha tenido incidencia en bolsas de pobreza ajenas a cualquier programa tradicional de ayudas.

En Álava, las ayudas del Ejecutivo han dejado a Cáritas con el 4% de las familias que venía subvencionando; en Guipúzcoa, con el 30%, y en Vizcaya, la provincia de más tardía implantación del plan, con el 40%, obligando a esta asociación a una reestructuración de sus activos y objetivos.El primer nivel de esta iniciativa vasca contemplaba llegar a 8.000 familias. Finalmente han sido 5.200. Esta situación se quiere corregir con la ley del ingreso mínimo de inserción, que ya se encuentra en el Parlamento vasco, mediante la ampliación de los supuestos para solicitar el dinero.

Un año después de que el Ejecutivo de Vitoria pusiera en marcha el plan de la pobreza, el porcentaje de cumplimiento sobre las previsiones presupuestarias ha sido del 55%. El desfase entre lo presupuestado y la realización del plan, que desde el departamento ha sido calificado de éxito, aunque las diputaciones han sido más moderadas al calificarlo de correcto, tiene como causas la infomnación y publicidad sobre el mismo -de difícil comunicación a sectores marginales-, las propias limitaciones del decreto a la hora de solicitar las ayudas y la insuficiente infraestructura de servicios sociales públicos en los primeros meses de su puesta en marcha. El plan no ha llegado a bolsas de pobreza desconectadas coyunturalmente con los servicios sociales.

Trasvase de Cáritas

El fuerte ritmo de demandas que se produjeron durante los tres primeros meses se debió al trasvase casi total de las personas que estaban siendo ayudadas por Cáritas Diocesanas, haciéndose patente en los siguientes la dificultad para acceder a otros colectivos. Esta asociación, tras la merma de sus beneficiarios, se encuentra en pleno proceso de transformación de sus objetivos. El Gobierno vasco ha homologado a Cáritas un consulting de empresas que tiene en previsión la creación de 14 centros de trabajo para personas sin recursos.

Por su parte, el consejero de Trabajo y Seguridad Social, el peneuvista José Ignacio Arrieta, considera que el número de familias a las que ha llegado el plan es más que homologable con las que arrojan los países europeos, en torno al 60% de las previstas. El 11 % de las personas acogidas al plan se ha dado de baja por encontrar trabajo. El nuevo texto legal amplía las posibilidades de solicitud de la prestación al considerar beneficiarlos a los individuos, frente a las unidades familiares, y al no exigir tener constituido el hogar con un año de anterioridad a la petición.

El primer nivel, en el que se encuentra el salarlo social, ha absorbido 1.652 millones de pesetas de los 3.500 millones presupuestados, mientras que el segundo, cuyo objetivo es atender a las situaciones sociales de emergencia, ha consumido 1.450 millones de los 2.050 previstos. En total, alrededor de 12.000 familias (unas 35.000 personas) han recibido ayuda. El tercer nivel, que pretende sacar de la marginación a sus protagonistas mediante actuaciones coordinadas por varios departamentos, es por ahora un embrión: una comisión formada por viceconsejeros de varios departamentos. El consejero de Trabajo llevará a esta comisión una propuesta de plan piloto cuyo objetivo será centrar en un barrio de la autonomía todas las ayudas posibles para trasladar al resto 'de la comunidad las actuaciones más positivas.

El Ayuntamiento de Vitoria ha puesto en marcha desde febrero unos cursos de formación para las personas acogidas al plan cuyo objetivo es la Integración sociolaboral. Los cursos son de alfabetización, higiene y autogestión, así como varios talleres de madera, electricidad y tejido. El 72% de las personas acogidas al plan tienen entre 30 y 64 años; casi el 50% procede M resto del Estado; el 52% son casados; el 22%, divorciados o separados, y cerca del 50% son unidades familiares de entre cuatro y más de seis miembros.