1.500 curas secularizados demandan a la Iglesia y al Estado por negarles el derecho a cobrar jubilación

El Colectivo de Sacerdotes y Religiosos y Religiosas Secularizados (Cosarese), que agrupa a unas 1.500 personas, ha decidido llevar a los tribunales a la Iglesia católica y a la Administración. Esta decisión está fundamentada en el hecho de que aquellos curas que dejaron de serlo antes del 1 de enero de 1978, así como los religiosos y las religiosas que hicieron otro tanto antes del 1 de mayo de 1982, no tienen derecho a cobrar jubilación, al no serles computados los años cotizados mientras servían a la Iglesia. El colectivo de secularizados en España asciende a unas 30.000 personas, según Cosarese.

El primer paso dado por esta asociación ha sido presentar una instancia ante el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona (INSS), para luego pasar a Magistratura de Trabajo y llegar, previsiblemente, hasta el Tribunal Constitucional, según manifestó Rosendo Sorando, uno de los letrados encargados del caso, que destaca el vacío legal que existe al respecto. El problema se remonta a 1978 para los sacerdotes y a 1982 para religiosas y religiosos. En estas fechas aparecen sendos decretos por los que quedan automáticamente incluidos en el régimen general de la Seguridad Social aquellos curas y religiosos en activo. Es decir, quienes decidieron secularizarse antes de esas fechas no tienen posibilidad de ver computados a efectos de pensiones los años cotizados a la Mutual del Clero.

Sin excusas

Fuentes de Cosarese manifestaron que esta medida de recurrir a los tribunales supone un cambio de rumbo en la vía de diálogo que hasta ahora había seguido la organización con respecto a la Iglesia. "El 30 de noviembre de 1988 teníamos una reunión tripartita con la Administración y el episcopado, a la que el representante de este colectivo no acudió y toda vía no ha presentado excusa alguna por su no asistencia", manifestó un portavoz de la asociación.Cosárese critica a la cúpula de la jerarquía episcopal por haber dado largas para no solucionar el problema, acusación que no hacen extensiva a todo el episcopado. "La actitud de algunos obispos y superiores religiosos roza casi el engaño, ya que con demoras y meras palabras de buena voluntad nos han venido entreteniendo a lo largo de tres años y medio, desde que les hemos pedido su intervención responsable ante el Estado para que se hiciera justicia", manifestó un portavoz. Fuentes de la asociación han añadido que si la Iglesia hubiese tenido voluntad para que se reconociesen los derechos de los secularizados en el momento de negociar los decretos con el Gobierno, el problema no existiría.

Empresa

Por este motivo, Cosarese solicita de los tribunales que la Administración les reconozca los años en que los secularizados -entonces en activo- trabajaron para la Iglesia, que a efectos laborales es una empresa.La citada asociación considera que es anticonstitucional la discriminación que, a su juicio, sufren en comparación con otros colectivos que han, visto solucionada su situación, como los militares de la República o los presos políticos.

En el año 1987 la Conferencia episcopal gastó 2.757 millones de pesetas en satisfacer las cuotas de Seguridad Social a clérigos. En esa partida se incluyen 654 millones de pesetas en concepto de complemento de pensiones para sacerdotes jubilados.