Un centenar de personalidades vascas ejercitarán la acción popular en el escándalo de las tragaperras

El presunto fraude de las máquinas tragaperras en la comunidad autónoma vasca será investigado por los jueces, al margen de las posibles averiguaciones institucionales y parlamentarias. Un centenar de personalidades han decicido ejercer la acción popular y presentar, mañana mismo, una querella criminal contra quienes resulten implicados en el escándalo. La iniciativa viene a sumarse a la denuncia entregada el jueves a un juzgado de Bilbao por el Sindicato Progresista de la Ertzaintza (policía autonómica), con datos y documentos que incluyen 6.000 o 7.000 permisos de explotación.

La querella, presentada por los presuntos delitos de prevarica ción y malversación de fondos públicos, será dirigida "contra quien resulte responsable" de la concesión irregular y fraudulenta de varios miles de licencias de explotación de máuinas tragaperras. Las estimaciones del Sindi cato Progresista de la Ertzairitza (ESAN) calculan el fraude en su denuncia ante el juzgado en 6.000 o 7.000 permisos de explo tación. El valor mínimo de estas licencias en el mercado negro se sitúa en torno a 3.000 millones de pesetas, según fuentes policiales y del sector del juego. Por el mo mento, las actuaciones ante el juzgado se limitan a apuntar la existencia del fraude en las con cesiones irregulares, pero no se ñalan quiénes, personas o parti dos políticos, pueden haberse be neficlado del mismo. El mecanismo del presunto fraude consistiría en el cobro de cantidades en torno a medio millón de pesetas por máquina a cambio de garantizar la obten ción del permiso de explotacióli. La acción popular será ejerci da ante el Juzgado número 3 de Bilbao, al que ha correspondido investigar la denuncia del sindi cato ESAN. La iniciativa surgió entre un grupo de profesores universitarios, pero se ha extendido luego al ámbito de la literatura, la cultura, la medicina y los sindica tos, y abarca, según sus promoto res, un amplio espectro político junto a personalidades indepen dientes.Respaldo a los 'ertzainas' El objetivo de la acción popular es provocar una intervención de la sociedad en el control de la ac tuación de las instituciones y del poder político. Pero, según han explicado algunos de sus promo tores, se trata también de respal dar solidariamente frente a posi bles represalias a los ertzainas que "han tenido el valor de expo ner ante los tribunales sus sospe chas acerca del comportamiento corrupto de algunos de sus supe riores".La denuncia, presentada en representación de ESAN por los ertzainas José Ángel Azaldegui, Begoña Marcos e Iñaki Elizetxea, sostiene que el parque de tragaperras se ha disparado en la comunidad vasca desde 1984, algo imposible en el marco de la ley. "Todo a punta a indicar", afirma ESAN, que los permisos ilegales "han salido de la Dirección de Juego y Espectáculos de forma irregular".

El director de juego del Gobierno vasco, el abogado y militante del Partido Nacionalista Vasco José Joaquín Portuondo, no pudo ser localizado ayer, a pesar de los intentos de este periódico, para que se pronunciara sobre esta y otras acusaciones.Los ertzainas aportan al juzgado fotocopias que demuestran varios casos de cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con tragaperras y correspondientes al ejercicio de 1984 durante el año 1988. El pago de la tasa de 1984 antes del 19 de julio de 1985, fecha de entrada en vigor de la normativa reguladora, fue el criterio excluyente establecido por el Gobierno vasco para considerar una máquina legalizable y conseguir limitar el crecimiento del parque.

Aunque la denuncia no se dirige contra nadie en particular, los tres ertzainas y el sindicato ESAN piden al juez que cite a declarar al director y al subdirector de Juego del Gobierno autónomo, Portuondo y Alfredo Peña, respectivamente.

Iniciativas parlamentarias

Los denunciantes sugieren también la comparecencia de cuatro antiguos miembros de la Brigada de Juego de la Policía Vasca, identificados con sus correspondientes números profesionales, y la práctica de diversas pruebas documentales.

Las presuntas irregularidades del departamento de Interior del Gobierno vasco en la concesión de permisos para máquinas tragaperras fueron objeto la semana pasada de dos iniciativas parlamentarias, pendientes de tramitación. Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna presentaron ante la Cámara autonómica una proposición no de ley en la que solicitan la realización de una auditoría especial por parte del Tribunal Vasco de Cuentas.

Los dos partidos citados, más el Grupo Mixto, que acoge a los diputados del CDS, PP y Unidad Alavesa, han suscrito también una petición para formar en el Parlamento una comisión investigadora encargada de establecer las responsabilidades políticas en el caso.