Pescadores airados

CON O sin acuerdo pesquero entre Marruecos y la Comunidad Europea, las aguas de los caladeros marroquíes no acaban de estar tranquilas para los pescadores españoles que tradicionalmente faenan en ellas. Apenas hace dos años, y con motivo de la negociación del primer convenio entre el reino alauita y la CE, que sustituía el bilateral establecido con España, las flotas pesqueras de Canarias y Andalucía soportaron un prolongado y forzoso amarre en el marco de la estrategia de la tensión diseñada entonces por Marruecos para conseguir un acuerdo lo más favorable posible a sus intereses. Ahora, y en plena vigencia de este acuerdo, el conflicto ha vuelto a surgir con virulencia, hasta el punto de que los pescadores españoles piden la renegociación del que, firmado en 1988 -por un período de cuatro años-, fue calificado por todos de razonable.¿Qué ha ocurrido para que, cuando se creía que se había logrado un marco legal equitativo para los distintos intereses en juego, estalle de nuevo el conflicto en un terreno social y económicamente tan sensible como el de la flota pesquera que faena en aguas bajo la soberanía o jurisdicción de Marruecos? Pues que, de un lado, el tiempo deparo biológico necesario para la reproducción de las especies sólo afecta a las flotas comunitarias -en la práctica, a la española- y no a los barcos japoneses y soviéticos que también fae an en la zona. Es la época que Marruecos aprovecha para introducir su pescado en los mercados españoles. Y, de otro, que el Gobierno de Rabat ha elevado considerablemente en los últimos meses la cuantía de las multas para los casos de apresamiento de pesqueros por capturas ilegales.

Si bien no es discutible la soberanía de Marruecos en estos dos asuntos -establecimiento de un período deparo biológico para preservar su riqueza pesquera e imposición de multas a los infractores-, la protesta de los pescadores españoles pone el dedo en la llaga al denunciar la arbitrariedad con que se ejecutan tales decisiones. Por un lado, parece razonable que el paro biológico sea para todos y no selectivo. En este supuesto, no es de extrañar que el personal de las flotas obligadas al amarre se considere injustamente discriminado. De otro lado, los pescadores españoles tienen todo el derecho del mundo a exigir que las sanciones de que son objeto les sean aplicadas con las debidas garantías jurídicas, lo cual es difícil que se produzca si Marruecos es a la vez juez y parte, y todo ello, además, en instancia única e inapelable.

Pero dicho esto, la reacción de los pescadores españoles bloqueando con sus barcos los principales puertos de Andalucía es absolutamente condenable. Las autoridades están legitimadas para utilizar los medios legales a su alcance para restablecer un derecho fundamental como el de la libre circulación de personas y bienes. Ello no impide considerar como un claro abuso de poder la decisión del gobernador de Cádiz de prohibir que reciban alimentos los pescadores que bloquean el puerto de Algeciras.

En la resolución del conflicto generado por la actuación de Marruecos, la comisión mixta de seguimiento del acuerdo pesquero con la CE no puede lavarse las manos sin más, como parece ser su intención. Pero tampoco España puede pretender que otros le saquen las castañas del fuego cuando, como ocurre en este caso, existen aspectos bilaterales que deben ser abordados con Rabat. Y, desde luego, todo ello desde el respeto a las cuotas de capturas pactadas y a la legalidad de las artes pesqueras para evitar las drásticas sanciones marroquíes.