Los interventores decidirán ir a la huelga por el control del gasto público

La junta directiva de la asociación que agrupa a los interventores del Estado (AIFIE) propondrá la próxima semana en una asamblea extraordinaria la convocatoria de una huelga en demanda de un modelo "coherente" de control del gasto público "dada la indefinición actual". El motivo de esta convocatoria obedece al descontento por la retirada del proyecto de ley de Presupuestos del Estado del capítulo que regulaba el control de las subvenciones públicas.Por su parte, el interventor general del Estado, Juan Aracil, declaró ayer que "nos hemos llevado una gran decepción y por ello entiendo el disgusto de los interventores". Sin embargo, añadió, "el Consejo de Ministros toma las decisiones y hay que acatarlas".

Según la asociación de los interventores, la retirada del capítulo de la ley que hacía referencia al control de las subvenciones públicas, "perpertúa el vacío normativo actual e impide que pueda verificarse el correcto uso que se haga de las ayudas y subvenciones públicas" que suponen unos recursos "que superan el 40% del total del presupuesto del Estado".

En un comunicado remitido ayer, la asociación añade que "este hecho ofrece un riesgo de descontrol intolerable en una sociedad democrática" y solicita "una urgente definición del modelo de control de la actividad financiera pública".

La situación actual, en su opinión, conduce "a una impotencia y desánimo en las condiciones de trabajo de quienes ejercemos tal actividad, habida cuenta de que se está negando sistemáticamente todo avance imprescindible para permitir un ejercicio del control del gasto público garante de las libertades constitucionales".

El actual vacío normativo, continúa, "nos lleva a requerir acciones inmediatas tendentes a garantizar un control de legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos". Para ello, los directivos de la asociación iniciarán contactos con los grupos parlamentarios para informales de las "deficiencias actuales" y se pueda subsanar "con carácter urgente la situación".

Falta de acuerdo

El Consejo de Ministros en su reunión del pasado viernes decidió aprobar la Ley de Presupuestos del Estado sin el capítulo que introducía, entre otros aspectos, sanciones para la utilización fraudulenta de subvenciones públicas.Según explicó el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, la falta de acuerdo entre su departamento, que impulsaba en solitario la reforma, y los restantes ministerios, aconsejó no incluir este capítulo en los Presupuestos de este año. Se decidió elaborar una ley específica que se aprobaría durante el actual ejercicio.